Roberto Chapula de la Mora, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), emitió una Recomendación al presidente municipal de Coquimatlán, José Juan Michel Ramírez, relacionado a una queja sobre un abuso de autoridad a un menor de edad.
Trascendió que de acuerdo a Adriana Cuevas Aguilar madre de Jaime Ramón Torres Cuevas de 16 años de edad, fue detenido por elementos de la Policía y Vialidad de Coquimatlán el 8 de julio de 2009.
De acuerdo a Chapula de la Mora, la mamá del menor de edad presentó la queja luego de que éste fuera objeto de maltrato físico y psicológico que sufriera durante su detención por los agentes policiacos Jesús Castañeda Gómez, Leonel Mendoza León y Nabor Santillán Pérez, autoridades señaladas en la resolución.
“Se iniciaron las investigaciones, se practicaron diversos exámenes, pruebas periciales con médicos, para que emitieran dictámenes correspondientes y ayer (lunes 31 de mayo 2009) se le dio la notificación”, señaló.
La Recomendación presentada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos detalla que José Juan Michel Ramírez, alcalde de Coquimatlán, gire instrucciones para que se instruya un procedimiento administrativo a los citados policías, por violentar con su actuar los derechos humanos del menor Jaime Ramón.
Detalló que “se aplique una suspensión del empleo por dos meses, de acuerdo a lo establecido por el artículo 49 fracción III en relación al artículo 52 fracción I de la Ley Estatal de responsabilidad de los Servidores Públicos”.
En el documento presentado se indica que se deberá reparar el daño psicológico ocasionado al menor de edad, para lo cual el edil coquimatlense, debe girar instrucciones precisas a quien corresponda para que por medio del DIF Municipal, Secretaría de Salud u otra dependencia, reciba atención por el tiempo necesario.
Remarcó que “el periodo para acatarse dicha Recomendación es 15 días para que resuelvan y 30 para que se cumplan”.
Asimismo el titular de la CEDH citó que en caso de no aceptarse la Recomendación, el organismo a su cargo quedará en libertad de proceder en lo términos que establece su Ley Orgánica y su Reglamento Interno.
“La seguridad pública es obligación del Estado, pero debe sujetarse a un criterio sin causar daños; se usa la fuerza cuando las circunstancias lo requieren, pero no se faculta en ninguna difusión normativa y se golpea a las personas”, indicó.
Chapula de la Mora, detalló que el menor de edad “hablaba de posibles agresiones de carácter sexual, lo cual no se pudo demostrar; sólo la agresión de que fue objeto”, afirmó e hizo hincapié que la postura de la CEDH es evitar la impunidad, “se propone la sanción de carácter administrativo por que no se pudo acreditar con pruebas periciales alguna cuestión de carácter delictivo sobre ello”, continúo.
Recomendó que los cuerpos de seguridad tomen las medidas correspondientes para que cuiden el orden y la seguridad social sin violentar los derechos humanos.
“Creo que en una sociedad donde hay seguridad pública pero no respeto por los derechos humanos, se convierten en dictaduras –destacó-, así que el Ayuntamiento de Coquimatlán debe estar al pendiente que los policías cumplan con las normas y sobre todo que haya un respeto a los derechos fundamentales quienes viven o transitan por ese municipio”, puntualizó.
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