Colima.- Para el presidente municipal de Villa de Álvarez, Enrique Rojas Orozco se debe respetar lo que por Ley se determine en materia de deuda; sin embargo, deben cuidarse principalmente dos puntos: que las solicitudes no caigan en tintes partidistas y el periodo de pago establecido.
Es decir, considera que habrá obras importantes que los municipios o el Estado requieran y que no se podrán realizar debido a que sería difícil liquidar el adeudo en el periodo de una administración.
El pasado jueves el Senado de la República aprobó en comisiones la reforma constitucional en materia de deudas locales con tres nuevas reglas:
-Los adeudos deberán ser autorizados por los Congresos locales.
-Los Estados y municipios podrán contratar financiamientos para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la Ley que expida el Congreso de la Unión.
-Los financiamientos deberán liquidarse a más tardar tres meses antes de terminar la administración.
El presidente municipal Enrique Rojas Orozco reconoció que aún no ha estudiado a profundidad la iniciativa, pero que en una primera lectura le preocupa la politización de las solicitudes y los lapsos.
“No me gustaría que cualquier solicitud caiga en tintes partidistas, las solicitudes de crédito deben incluir el proyecto y la justificación del proyecto” comentó el edil.
Pese a no conocer con claridad la iniciativa, el alcalde considera que no se debería acotar el periodo de la deuda, ya que si se limitará a deudas pagaderas durante la administración, quedarían sin fondos para hacer obras de gran envergadura como puentes.
El alcalde dijo desconocer el total actual de la deuda en su municipio, pero destacó que lo que se debía al sindicato ya fue saldado y que se realizan puntualmente los pagos correspondientes a la deuda con bancos.
“La deuda es muy pesada, pero ahí la llevamos” comentó.
Los legisladores federales avalaron que los Congresos locales autoricen la deuda al estado o municipio, por medio de una mayoría calificada, lo cual evita que sea el Congreso de la Unión o la Secretaría de Hacienda donde se tomen dichas decisiones.
Además las demarcaciones no podrán contratar financiamientos que rebasen los límites máximos establecidos por el Congreso de la Unión, y tendrán que ser liquidados tres meses antes del término del periodo de gobierno, tiempo durante el cual tampoco podrán adquirirse nuevos financiamientos.
Antecedentes
De acuerdo al investigador parlamentario Reyes Tépach M., en su investigación titulada La Deuda Pública de las Entidades Federativas Explicada desde la Perspectiva del Federalismo Fiscal Mexicano, en los últimos años, las entidades federativas del país han incrementado significativamente sus respectivas deudas públicas, justificando estos actos jurídico-contractuales en virtud de la necesidad de ampliar su frontera de provisión de bienes y servicios públicos con recursos no propios.
En México, un intento por acotar el actuar arbitrario de los gobernantes ha sido la promulgación de leyes de transparencia de jurisdicción federal y local, que a la luz de los acontecimientos recientes muestra que han sido insuficientes para detener los malos manejos financieros en las Haciendas locales.
Observa fallas como que en las entidades federativas del país, los Congresos locales no están ejerciendo su rol de peso y contrapeso del actuar de los Ejecutivos, a lo que se suma la poca cultura que tienen los gobiernos locales por una “real” y “auténtica” transparencia y rendición de cuentas.
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