Colima.- La diputada panista, Yulenny Guylaine Cortés León, presentó una iniciativa en el Congreso del Estado para que se aplique todo el peso de la Ley, a aquellos funcionarios públicos que obstaculicen el envío y aplicación de recursos, dañando de esta manera a la población que demanda mejores obras y servicios.
“Esta iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos busca principalmente que se sancione administrativamente a quien no muestre legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en la aplicación de recursos”, afirmó.
La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, propone en esta iniciativa una adaptación del texto de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, dentro del tema de actos que dan lugar a juicio político, de tal manera que se haga referencia a las violaciones de derechos humanos, y no así de garantías individuales, toda vez que este último es un concepto desfasado respecto del lenguaje manejado en la Ley Fundamental.
Señaló que actualmente persiste una grave problemática por la práctica deshonesta, llevadas a cabo por funcionarios que obedecen a intereses de tipo partidista o particulares, mismos que obstaculizan procedimientos o trámites relevantes para el bienestar de la sociedad, como los relacionados con obras y servicios de carácter público, “es lamentable que desacaten sus obligaciones y obstruyan la realización de proyectos propuestos por la oposición, lesionando principalmente a la población que demanda mejores obras prioritarias y servicios”, puntualizó.
Yulenny Cortés, dijo que la envestidura de un servidor público y la confianza depositada en él, traen consigo el deber ineludible de responder ante los representados por las decisiones y cursos de acción tomados, y por ende el principal objetivo en la agenda de un representante popular debe ser el beneficio de los ciudadanos.
La legisladora citó como ejemplo la pérdida en su momento de los 40 mdp para la modernización de la Carretera a El Espinal, que afortunadamente a base de presión pública y exhorto del Congreso del Estado se logró recuperar, y responsabilizó directamente a Alejandro Torres quien fungía en como titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y actualmente delegado de la SCT.
Así mismo, del millón 800 mil pesos que se perdieron en el 2012 por ineficiencia del Director del INCODE, recursos que serían destinados para medicina en el deporte, por lo que los atletas colimenses no cuentan aún con ese servicio.
Refirió también, los 5 mdp que el municipio de Comala no ha recibido porque el Secretario de Turismo, en ese entonces Fernando Morán no comprobó la aplicación de los 15 millones de pesos para la promoción turística de Manzanillo, provocando así que los perjudicados sean los colimenses.
Finalmente dijo que en razón del perjuicio que lo anterior representa para el interés público, y en vista también de la falta de disposición concreta en la ley estatal que prevea el supuesto referido, es preciso considerar un tratamiento casuista del problema, una puntualización que brinde la opción de imputar responsabilidad administrativa a los servidores públicos que específicamente incurran en la mencionada conducta.
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