Los activistas acusaron a la empresa del despojo de 800 hectáreas en los terrenos del ejido en la cuenca a la del río Marabasco, cuyo fin será un vertedero de desechos tóxicos, producto de la extracción minera.
Lo anterior afectará a 200 personas que habitan las comunidades de Coconal, San Antonio, Mameyitos, Puentecito de Las Parotas y Potros, quienes son obligados a desplazarse de la zona, pese a que el ejido de forma unilateral firmó un acuerdo de arrendamiento por ocupación temporal con el Consorcio Minero capital Italo-Argentino Benito Juárez Peña Colorada.
Esperanza Zenil agregó que los habitantes de la zona limítrofe carecen de protección por parte de los gobiernos de Colima y Jalisco, quienes no han podido resolver el problema de deslinde y por lo tanto desatienden las problemáticas que sufren los habitantes de la zona.
Félix Monroy Gudiño, de la comunidad de Los Potros, denunció hostigamiento por parte de la gente de la minera para desocupar sus tierras y el asesinato de su padre e hijo por trabajadores de la empresa, producto de los mismos conflictos de intereses en la zona.
Zenil comentó que existen 35 personas muertas, además de los desaparecidos y detenidos, todo como parte de la presión para que desocupen las tierras y se las dejen a la minera, a lo que calificó de etnocidio.
Por eso acudieron ante la Comisión de Derechos Humanos (CNDH), para que intervenga para emitir las medidas de protección y garantías para los residentes de los poblados y asentamientos indígenas del poblado de Ayotitlán, perteneciente al municipio de Cuautitlán, estado de Jalisco.
Denunciaron que los poblados de Puentecito de Las Parotas y El Mameyito, cuyas tierras ejidales y comunales fueron víctimas de un desastre industrial, ya que tres nuevas cortinas de retención de desechos tóxicos, producto de la extracción minera, construidas a principio de año por personal de la empresa se abrieron generando una enorme avalancha de lodo y piedras que se precipitaron al río Marabasco.
Los residuos terminaron en barrancas, arroyos, sembradíos, brechas, cayendo encima de sus animales, afectando directamente la salud de los residentes.
Por su parte, Roberto Chapula de la Mora, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Colima se comprometió a dar el seguimiento y cause legal pertinente.
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