Jalisco.- Gran inconformidad se ha generado entre los custodios y personal operativo que labora en el Centro Federal de Readaptación Social de alta seguridad número dos de occidente, debido a supuestos abusos que comenten los encargados del sitio.
El centro carcelario se encuentra ubicado en el complejo de Puente Grande, por la carretera El Salto vía El Verde, en los límites de los municipios de El Salto y Tonalá, donde los celadores denuncian que el complejo no cuenta con agua potable y el suministro a las celdas y baños es mediante la compra de pipas de agua.
También los vigilantes indicaron que son todo el tiempo hostigados por sus supervisores, quienes los obligan a laborar horas extras que jamás les pagan.
“En varias ocasiones tenemos que trabajar más horas de nuestro turno normal, pero cuando nos llega el recibo de nómina de la quincena llega exactamente igual; cuando preguntamos sobre el pago de lo laborado de más, nos dicen que no estemos preguntando y si alguno de los compañeros se inconforma lo cambian de centro”, explicó uno de los afectados.
“Nuestro trabajo es vigilar el centro, llevar a cabo las revisiones para evitar alguna fuga, pero en varias ocasiones tenemos que dejar nuestro puesto de trabajo para ponernos a pintar y realizar diversas reparaciones de fontanería, albañilería y hasta de pintura cuando es algo que no nos toca hacer; estas labores nos distraen con la vigilancia de los internos, la mayoría de ellos catalogados como de alta peligrosidad”.
Otro de los quejosos indicó que cuando reciben alguna comisión en otro estado de la República, tienen que acatar la respectiva orden porque están conscientes que su trabajo puede desempeñarse en cualquier centro carcelario federal y en cualquier parte de país.
“El problema es que si tienen 5 mil pesos de viáticos, en la administración les entregan tan solo 2 mil 500, pesos, y lo demás lo ponemos de nuestra bolsa; tenemos que entregar justificantes por los 5 mil, si no lo hacemos nos llega el descuento por dinero no justificado».
Los afectados aseguran que desde que llegó a la administración el director Juan Alberto Montoya Aguado, les empezaron a vender los uniformes en 800 pesos, el pantalón y la camisola y las botas de trabajo les cuestan 600, pesos; cuando la Secretaria de Gobernación absorbió a la extinta Secretaria de Seguridad Federal les entregaban un kid de tres uniformes completos.
“Es el colmo que siendo un centro federal tengamos que estar comprando pipas de agua potable para abastecer las cisternas interiores, el agua no alcanza para surtir a todas las celdas, aquí los patios no existen ya que es una prisión subterránea”.
Los afectados piden la intervención del Comisionado de Seguridad Nacional para que conozca la problemática que se vive en este centro federal de reclusión y se corrijan todos los actos de corrupción.
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