Colima.- La tarde de este viernes se realizó una reunión de trabajo donde el sector empresarial del estado solicitó a los legisladores federales por Colima votar en contra de la reforma fiscal; sin embargo, los representantes en el Congreso de la Unión se salieron por la tangente, y en medio de una lluvia de reclamos, se quedaron sin argumentos para defender la propuesta presentada por el presidente Enrique Peña Nieto.
Más de veinte organismos empresariales consensuaron un documento con dos exigencias para los diputados y senadores: presentar una propuesta para que reforma la fiscal no se vote y, así tengan tiempo para preparar una que sí sea la que México requiere; y, en caso sí se someta a votación, independientemente de las modificaciones que tenga, no aprueben esa reforma.
Francisco Zepeda González, diputado por el PRI, rechazó los planteamientos y dijo aceptar “los costos políticos de su decisión”, comentario que le ganó los abucheos de los empresarios reunidos en las instalaciones de la CMIC (Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción) y por poco, no lo dejan si quiera terminar su intervención.
Los demás legisladores priistas que asistieron al foro: los diputados Arnoldo Ochoa González y Miguel Ángel Aguayo López así la senadora Mely Romero Celis, quien llegó una hora después de iniciado el evento y no escuchó los planteamientos del sector empresarial, tampoco se comprometieron a rechazar la reforma y quedaron lejos de convencer, o si quiera defender, las modificaciones en materia hacendaria.
La diputada panista, Patricia Lugo Barriga, fue la única que se comprometió a votar en contra, e incluso cuestionó “lo social” de esta reforma, pues el seguro de desempleo será pagado por los propios ciudadanos.
Para el ejercicio de comentar, interrogar y discutir la reforma fiscal que ha generado gran inquietud en el sector productivo y de servicios, siete presidentes de Cámaras empresariales prepararon argumentos para explicar porqué se oponen a los temas que los inquietan.
Los calificativos negativos que se vertieron sobre las propuestas de modificaciones a la normatividad fiscal, llegaron en cascada; los empresarios coincidieron en que la propuesta invita a la informalidad, es lesiva contra la naciente clase media, no crea condiciones para el crecimiento de las empresas y no es innovadora.
Guillermo Brun Solórzano, presidente de Coparmex (Confederación Patronal de la República Mexicana) Colima, señaló que “la reforma pide a los empresarios una vez más apretarse el cinturón para dar más dinero al gobierno, en lugar de que el gobierno lo haga”.
“El gobierno parece no ver la realidad y busca solucionar sólo su problema pidiendo una mayor recaudación; es más fácil gastar el dinero de otros cuando no se ganó”, señaló el empresario e insistió en la necesidad de transparencia para crecer la infraestructura y no la burocracia gubernamental.
En su intervención, Guillermo Carreón Fernández, presidente de la Ampi (Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios) cuestionó al auditorio “¿Saben cuál es la actividad más peligrosa en México?”, y su respuesta dejó un silencio en el foro, “ser empresario”.
Explicó que las modificaciones al Código Fiscal de la Federación no dan certeza jurídica al sector empresarial, pues de aprobarse la reforma, “todos los empresarios serán culpables de evasión fiscal, hasta que se demuestre lo contrario”.
Aunque esta reunión no dejó grandes acuerdos, y prácticamente la totalidad de los legisladores dieron la espalda al sector empresarial, quedó demostrado que la iniciativa de reforma hacendaria, de la que se desprende la reforma fiscal, tiene muchos aspectos negativos y es ampliamente cuestionada por quienes se encargan de la generación de empleos, y gran parte del crecimiento económico del país.
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