Colima.- Luego del conflicto que se presentó ayer en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por la destitución de un funcionario y en la que se vio involucrado personal armado de la Procuraduría del estado, el diputado del PRD, Francisco Rodríguez, lamentó el hecho y pidió juicio político para el Presidente del Tribunal de Justicia, Rafael García Rincón.
“Lamentamos que la procuraduría haya cometido un acto ilegal al estar violentando de manera armada un recinto como lo es el Poder Judicial, pero además las oficinas que pertenecen a la Segunda Sala penal especializada en la impartición de justicia para adolescentes y que pertenece al Supremo Tribunal son inviolables y nadie puede tener acceso a las mismas ni los objetos que hay en ella, ni con permiso del Presidente del Tribunal”, dijo.
En lo que respecta al grupo parlamentario del PRD dijo que será el primer tema que aborden en la tribuna parlamentaria iniciando el año.
Además adelantó que desde este viernes lanzarán una convocatoria a la ciudadanía para que se aplique un juicio político al presidente del Tribunal de Justicia del Estado, Rafael García Rincón.
“Nosotros estaríamos pidiendo y estableciendo la manera para que se le destituya y corra el juicio político con todos los seguimientos legales porque ya son muchos actos ilegales que están registrados (en el STJE)”, agrega.
“Hacemos también un llamado para que sean instancias nacionales las que intervengan porque en Colima ya sabemos que no pasa nada, no trasciende. Esto no puede suceder y no se puede permitir este tipo de ultraje a una Institución”.
El legislador del Sol Azteca calificó de inaceptable que en el propio Tribunal no se respete la autonomía constitucional con la que goza esa Sala.
“Se requiere la anuencia de la propia magistrada titular de la misma o del presidente de la sala que es Miguel García de la Mora. Por lo tanto se ha cometido en el Poder Judicial un acto sumamente ilegal de violación a la autonomía de un Poder y esto viene a ser la corona de un año sumamente rojo y oscuro de una administración estatal, esto era lo único que le faltaba a un gobierno que encabeza desafortunadamente Mario Anguiano Moreno”.
El legislador local lanzó la pregunta ¿qué más sigue en el estado?, cuando ningún representante popular y ciudadanos está completamente seguro.
Por separado el Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso local condenó enérgicamente lo acontecido el día de ayer, cuando elementos adscritos a la Procuraduría Estatal vulneraron la inviolabilidad del Palacio de Justicia del Estado e ingresaron armados, allanando las oficinas de la Magistrada Rocío López Llerenas.
Los diputados del PAN calificaron esto como «una intromisión del Ejecutivo estatal en la autonomía del Poder Judicial, lo que representa una flagrante violación de la Constitución y cuestionan fuertemente el no cumplimiento del compromiso asumido por el ejecutivo a tomar el cargo, de respetar y hacer respetar al estado de derecho».
Los legisladores exigieron que el Gobernador Mario Anguiano reitere de inmediato su apego a los preceptos constitucionales y su intención de respetarlos cabalmente, y que investigue lo acontecido para que se castigue a los culpables de esta inaceptable actuación.
Ayer un poco antes de la media noche el departamento de comunicación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, envió su versión de los hechos y descalificaba la actuación de la Magistrada Rocío López Llerenas por tratar de impedir el ingreso de los elementos de la Procuraduría.
“En sesión de pleno celebrada el jueves 19 diciembre, se informó de la recepción de un escrito firmado por un ciudadano, en el que dio a conocer una serie de acciones impropias en su consideración, atribuidas a un Proyectista Jurídico adscrito a la Segunda Sala Penal; a dicho escrito se anexaron una serie de pruebas en las que se reflejó a juicio de la mayoría de los Magistrados una conducta indebida como servidor público en relación a sus superiores y a la institución, que por su naturaleza configura causales de rescisión laboral previstas en la Ley Burocrática vigente, así como pérdida de la confianza”, dice el comunicado.
“En cumplimiento a lo anterior, con el auxilio del personal que se consideró conveniente, se acudió a la oficina de citado proyectista jurídico para notificarle la decisión y como consecuencia de dicha rescisión y aunado a que personal adscrito a la Segunda Sala Penal se encontraba sustrayendo algunos bienes, se tomó la decisión de resguardar el CPU…”.
“Por su parte la Magistrada Rocío López Llerenas Zamora en una falta de sentido de colaboración para la ejecución del acuerdo de Pleno y sus consecuencias, obstruyó físicamente el ingreso del personal a la oficina del servidor público”, señala el comunicado del STJE
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