Colima.- En entrevista con AFmedios el líder ambientalista, Gabriel Martínez, y vocero de la comunidad de Zacualpan, señaló este medio día, previo al segundo diálogo con la secretaría general de gobierno, que el problema no es con gobierno del estado, sino con el Registro Agrario Nacional y la delegación de la Procuraduría Agraria en Colima, pero piden la mediación del estado para solucionar el conflicto.
«Desde el inicio de este conflicto se pidió la intervención del estado para que pudieran concertar reuniones y encontrar una mediación con los habitantes de Zacualpan y las instancias de gobierno federal y mediante sus mecanismos pudiera ayudar a encontrar una solución legal y pacífica a este problema», dijo.
«Entonces pedimos una cuestión de acompañamiento, asistencia técnica y jurídica nada más, y nosotros (Bios Iguana) recomendamos desde el principio un acercamiento con el señor gobernador para que él girara instrucciones con diferentes dependencias, a fin de que los indígenas fueran atendidos dado que la delegada de la Procuraduría Agraria siempre ha manifestado apoyo a Carlos Guzmán».
El vocero de la comunidad afirmó que la reunión con el gobierno estatal ayer por la noche, abre una puerta muy importante para limar asperezas y comenzar una nueva relación de apoyo en beneficio de los comuneros.
«Absolutamente, el hecho de tener una mesa de diálogo, que fue propuesta por los comuneros, no por ellos, abre una puerta para encontrar la solución. Eso es todo lo que piden ellos, que se les atienda, que se busquen los mecanismos de solución».
Señala como responsables del conflicto a las instancias federales, por la reiterada negativa de reconocer los derechos de los comuneros de la comunidad de Zacualpan para destituir a Carlos Guzmán como líder de la asamblea de bienes comunales.
Martínez señala que incluso ya ha sido destituido por los comuneros pero son las instituciones federales las que una y otra vez se han negado a reconocer dos puntos: la destitución de Carlos Guzmán y su derecho a decidir que nunca se instale una mina en su comunidad.
El ambientalista reconoció que la medida tomada ayer por los comuneros, al cerrar las bombas de agua que abastecen a la Zona Metropolitana, fue un acto de desesperación por hacerse escuchar.
Explicó que los comuneros estaban plenamente conscientes de que al apagar las bombas, la Zona Metropolitana no se quedaría sin agua, pues se necesitan 18 horas para acabarse el suministro de agua, tiempo que consideraron suficiente para hacerse escuchar y fueran atendidos.
Explicó que del Estado sólo buscan voluntad y apoyo político para que dentro de su competencia, realice ya las gestiones para destrabar un conflicto – que aunque no le corresponde legalmente al estado – si afecta a habitantes del estado de Colima.
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