Colima.- El diputado panista Orlando Lino Castellanos presentó en el Congreso local un exhorto al Ejecutivo estatal para que, por conducto de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), elabore y publique el Reglamento de los Separos Ministeriales.
Esto, porque consideró que dichos lugares se han convertido en un espacio abierto para la vulneración de los derechos humanos de manera reiterada y sistemática, al carecer de un reglamento que especifique las funciones de quienes los dirigen.
Sin embargo, la propuesta fue rechazada por los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El legislador panista señaló que con este exhorto se pretendía llamar la atención de las autoridades estatales, pues esta omisión reglamentaria hace que los detenidos se encuentren vulnerables en sus derechos e integridad física.
¿Qué dice la Ley?
El artículo 116 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima, señala que las personas detenidas, a disposición del Ministerio Público, deben permanecer en salas de espera, con la seguridades necesaria, y únicamente aquellas que se encuentren en estado de ebriedad, bajo el influjo de estupefacientes o substancias psicotrópicas, o por la gravedad del delito denoten peligrosidad o riesgo de evasión, serán ubicados en áreas de mayor seguridad.
“En todo caso, se mantendrán separados los hombres de las mujeres, debiendo guardarse las más prudentes consideraciones a las mujeres embarazadas o lactantes, así como a los ancianos”.
Además, el Ministerio Público evitará que el presunto responsable sea incomunicado. En los lugares de detención del Ministerio Público estará instalado un aparato telefónico para que los detenidos puedan comunicarse con quien lo estimen conveniente.
En caso de que la detención de una persona exceda los plazos señalados en el artículo 16 de la Constitución Federal, se presumirá que estuvo incomunicada y las declaraciones que haya emitido serán nulas.
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