Colima.- De enero a agosto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió actividades en 32 casas de empeño en los municipios de Colima y Manzanillo, en el marco del Programa Nacional de Verificación y Vigilancia de Casas de Empeño 2014.
La delegada de la Profeco en la entidad, María Isabel Espinoza Martínez, en entrevista con AFmedios informó que encontraron irregularidades en el cien por ciento de los establecimientos en los que realizaron verificaciones.
El operativo detectó, entre otras irregularidades, que el contrato que utilizan las casas de empeño no corresponde con el registrado ante la Profeco, además de que no exhiben los requisitos y condiciones del procedimiento para la comercialización de la prenda.
Es decir, los usuarios se encuentran con contratos que pueden ser inequitativos y no se les informan términos y condiciones de la transacción comercial.
La funcionaria federal explicó que se aplicó la medida precautoria de imponer sellos de suspensión en los que consignan las violaciones al marco jurídico en que incurrió el establecimiento.
A partir de ese momento, se les sujeta a un proceso administrativo. Las casas de empeño tienen diez días para presentar pruebas en su defensa, dos días de alegato, y la Procuraduría, en un plazo de 15 días, emite los dictámenes correspondientes.
Sin embargo, Espinoza Martínez explicó que el sello de suspensión sólo se aplica para algunas actividades, no se trata de una clausura.
Pese a tener suspendidas algunas actividades, las casas de empeño siguen abiertas al público, sólo que no pueden ejercer la actividad merecedora de la sanción. Por ejemplo, si uno de estos establecimientos fue castigado por la expedición de contratos, no podrá emitir estos documentos, pero puede seguir vendiendo prendas.
“A finales de este mes tendremos las resoluciones administrativas y las sanciones económicas a las que se harán acreedores”.
A nivel nacional, la Profeco suspendió la actividad comercial en 764 casas de empeño, 633 más que en el mismo lapso de 2013, y sancionó 802 establecimientos por irregularidades a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).
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