Ciudad de México.- A 118 días de que concluya el plazo constitucional establecido para la implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en el país (18 de junio de 2016), la Secretaría de Gobernación informó que el porcentaje de cobertura de población a nivel local (32 entidades federativas), es del 73.86 por ciento, lo que representa a 89 millones 384 mil habitantes.
En cuanto al avance de la implementación nacional, el promedio es de 6.94 en una escala del 1 a 10 y más del 97% de la normatividad penal está ajustada a este nuevo modelo de justicia.
Para el próximo 29 de febrero, entrará el Nuevo Sistema de Justicia Penal a nivel federal en Aguascalientes, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco, entidades donde los funcionarios federales están ya capacitados y coordinados con los operadores locales.
Además, se instrumentaron los “conversatorios”, los cuales consisten en simular un caso de manera previa a la entrada del Sistema para conocer cómo actuará cada uno de los actores. El objetivo es practicar la manera en la que se coordinarán las instituciones, unificar criterios, medir tiempos del proceso, identificar áreas de oportunidad y solventarlas.
Como tarea prioritaria se trabaja en fortalecer la capacitación de todos los operadores que intervienen en los procesos de procuración e impartición de justicia, para que cada uno de ellos actúe bajo un irrestricto respeto de los derechos humanos, proteja las garantías tanto de víctimas como de imputados, proporcione atención a grupos indígenas y atienda a las mujeres con una perspectiva de género.
El primer contacto del sistema de justicia con la ciudadanía es el policía. Por ello, es fundamental garantizar que esté preparado para abordar de manera efectiva las nuevas funciones que le otorga el Sistema Penal Acusatorio.
La fuerza policial en el país asciende a 333 mil elementos. Actualmente, se lleva a cabo la tercera y última etapa del Plan Estratégico de Capacitación Policial, el cual fue instruido por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, con avances considerables.
La implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en México representa un objetivo prioritario para el Gobierno de la República, por lo que se trabaja para aportar a la ciudadanía una justicia pronta, transparente y humana. BP
