El gobierno federal ha lanzado un acuerdo para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Escenarios de Delincuencia Organizada; mientras que en Colima aún está en el aire la propuesta de reforma expuesta el 20 de enero pasado por la procuradora de Justicia, Yolanda Verduzco Guzmán de reducir la edad penal a 16 años.
Dentro de la firma del acuerdo, el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, explicó que el objetivo es coordinar a las Instituciones de seguridad y justicia para que los niños y jóvenes involucrados en situaciones de violencia criminal reciban un trato digno y atención especializada, «pues al ser víctimas inocentes de agresión física y psicológica, requieren el respaldo del Estado».
En particular una de las características del acuerdo reza: “Los niños y adolescentes que se vean involucrados en situaciones de delincuencia recibirán atención adecuada a su edad y género, es decir, contarán con acompañamiento constante hasta que sus derechos sean plenamente restituidos”.
Por su parte la procuradora de Colima, Verduzco Guzmán habría expuesto el 20 de enero durante la comparecencia de la glosa del Informe de Labores del gobernador Mario Anguiano Moreno, que se estudiaba una propuesta para que los adolescentes infractores mayores de 16 años puedan ser juzgados por tribunales comunes y no especiales.
Asimismo expuso que la reforma penal permitirá que éstos sean recluidos en centros especiales donde no puedan convivir con otros menores infractores o delincuentes mayores de edad, esto con el fin de generar un ambiente propicio para su reinserción al núcleo familiar y social.
El acuerdo para la Atención de Niñas, Niñas y Adolescentes en Escenarios de Delincuencia Organizado, a decir del presidente Calderón Hinojosa, es fundamental para avanzar en la protección de niños y adolescentes, incluyendo a los hijos de quienes estaban vinculados a actividades ilícitas y han fallecido, pues también son víctimas inocentes.
“La razón de la lucha del Gobierno Federal es proteger a las familias, al frenar la violencia criminal, para que no haya más víctimas”, aseguró.
El resto de las características del acuerdo son que las dependencias del Gobierno Federal coordinarán esfuerzos para proteger a todos los niños, niñas y adolescentes que se vean afectados en escenarios de delincuencia organizada, sin importar cómo o por qué se hayan visto involucrados. Recibirán atención médica, psicológica y legal.
Las dependencias federales capacitarán al personal que participa en operativos contra la delincuencia para que sepan cómo actuar ante la presencia de un menor y pongan por encima la protección de sus derechos y su integridad.
Las instancias de seguridad del Gobierno Federal tendrán la obligación de proteger la identidad de los niños y adolescentes y salvaguardar la confidencialidad de sus datos personales.
La iniciativa provino del DIF y para concretarla se contó con el apoyo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como de organizaciones civiles.
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