Miembros de colectivos y familiares de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, abogado y defensor de derecho humanos, ambos desaparecidos en los límites de Colima y Michoacán, fijaron un posicionamiento a un mes de que no han sido localizados.
Como ya se ha informado, Ricardo y Antonio no han sido vistos desde la tarde-noche del domingo 15 de enero pasado, cuando después de participar en una asamblea en la comunidad de Aquila, Michoacán, se trasladaban rumbo a la ciudad de Colima. La camioneta en la que viajaban fue encontrada abandonada a la altura de la comunidad Cerro de Ortega, municipio de Tecomán, Colima.
Ricardo Arturo Lagunes Gasca, residente de esta ciudad de Colima, tiene 41 años y es un reconocido abogado defensor de derechos humanos en México, con experiencia en litigio nacional e internacional en defensa del territorio y medio ambiente. Su acompañamiento legal a comunidades indígenas fue decisivo para la protección de miles de hectáreas de tierras colectivas, de valiosos ecosistemas y de derechos colectivos, especialmente de comunidades indígenas.
El profesor Antonio Díaz Valencia es un reconocido líder de la comunidad indígena de la etnia nahua, en Michoacán. Tiene 71 años y se dedica a la educación y a la defensa de los derechos indígenas.
Durante la Asamblea que encabezaron Antonio y Ricardo el día de su desaparición, se trataron temas relacionados con incumplimientos y renegociación de acuerdos con la empresa minera Ternium, la ampliación de la mina sin permiso comunal y el lanzamiento de la convocatoria para elección del comisariado de bienes comunales, luego de haber ganado un juicio importante que les permitía recuperar su representación indígena.
Es evidente que la región en la que desaparecieron los dos defensores se encuentra desde hace años inmersa en una crisis humanitaria que ha afectado gravemente a cientos de familias que han sufrido asesinatos o desapariciones de alguno de sus miembros o que se han visto obligadas a emigrar, convirtiéndose en víctimas de desplazamiento forzado para preservar su seguridad, pues en esta zona hay grupos que a cualquier costo pretenden tener el control de la comunidad con el propósito de servirse del patrimonio colectivo ligado a la riqueza minera que nuestro suelo contiene.
La desaparición de Ricardo y Antonio debe servir para visibilizar los grandes problemas regionales y la revictimización que padecen miles de familias buscadoras de sus desaparecidos.
Insistimos en que lo ocurrido con Ricardo y Antonio tiene su origen en el trabajo legal que encabezan y que ganaron recientemente. Los recursos comunales son el botín que muchas personas están interesados en controlar. La empresa Ternium está obligada a activar sus mecanismos de búsqueda porque es la principal beneficiada de la extracción minera regional. Es también el actor con mayor peso político, económico y social regional. Que dejen de enviarnos mensajes mal redactados y hagan su parte como muestra de buena voluntad en el tema que nos convoca.
A un mes sin encontrar a Ricardo y Antonio hemos denunciado ante la ONU deficiencias notorias en la búsqueda y en la investigación, sin que tuvieran resultado alguno, tanto en la localización con vida, como en la aprehensión de los responsables.
Han primado los conflictos jurisdiccionales entre entidades de investigación y búsqueda estatales y federales, ocasionando la demora inaceptable en la preservación de pruebas y en la realización de acciones de búsqueda inmediata.
Aunque se han abocado equipos de búsqueda e investigación importantes, se han movilizado recursos para encontrarlos y se han mantenido reuniones con los familiares y representantes, las búsquedas se realizan sin puntos de información claves y con deficiencias en el trabajo conjunto e integrado que deben llevar quienes ahora la coordinan, a saber, la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Búsqueda.
Por ello, queremos como medida urgente que se establezcan mecanismos de coordinación sistemática entre estas dos instituciones, y se exija el suministro de toda la información pertinente por las autoridades de Colima, Michoacán y por la empresa Ternium.
Las desapariciones de defensores del medio ambiente y del territorio indígena frente a la minería en México son un problema grave y ninguna investigación debe obviar determinar el rol de los agentes del Estado y de las empresas en las mismas, ya sea por acción y omisión.
Por ello solicitamos a Naciones Unidas que exija al Estado que en sus investigaciones determine el rol de las fuerzas de seguridad de los dos estados (Michoacán y Colima), de las fuerzas de seguridad federales presentes en la zona (Guardia Nacional y Ejército), por acción, autorización, aquiescencia o tolerancia, así como investigue y determine el rol de todos los grupos armados de la zona.
A su vez, y al surgir testimonios e información sobre amenazas y presencia de empresarios de Ternium en las Asambleas, hemos solicitado que Naciones Unidas exija que se investigue y determine posible involucramiento de la empresa Ternium.
Por otra parte, en un caso como el presente no es suficiente dejar en manos de Fiscalías y Comisiones de Búsqueda este asunto. Es indispensable que se tomen otras medidas dirigidas a atender el origen del riesgo en la defensa del territorio de Aquila: la minería sin sustentabilidad por parte de Ternium.
Al respecto solicitamos que todas las autoridades pertinentes se abstengan de conceder autorizaciones, permisos de expansión, cambios de uso de suelo a la empresa Ternium, hasta que no se resuelva las desapariciones forzadas de Ricardo y Antonio.
Tanto los Estados de Colima, de Michoacán, como las autoridades federales desde el Presidente hasta la SEMARNAT deben de inmediato conminar a la empresa a coadyuvar con este caso. Además, se debe exigir a la Empresa que como mínimo active sus mecanismos de investigaciones internas y sanciones a miembros de la directiva cuyos nombres surgieron en las investigaciones ante Fiscalías y Comisiones de Búsqueda.
Exigimos también que se exhorte tanto a las autoridades federales, al Gobierno de Michoacán y Colima como a la Empresa Ternium a que adopten de forma inmediata todas las medidas de emergencia posibles, incluidas vías humanitarias, para encontrar a Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia.
En el caso específico del gobierno de Colima, exigimos que la Fiscalía General del Estado continúe colaborando con la Fiscalía General de la República, que le compartan toda la información y evidencias que obtengan, así como todos los análisis contextuales y criminales sobre los grupos armados que actúan en la zona y que pueden tener vínculos con la presencia de la delincuencia organizada.
Asimismo, solicitamos que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, reciba a los familiares de Ricardo y Antonio en una reunión privada para exponerle directamente la situación del caso.
A un mes sin tener noticias sobre Ricardo y Antonio, queremos informar a la sociedad que seguiremos buscándolos y exigiendo la participación decidida de parte de las autoridades responsables de atender esta situación.
Como parte de las acciones encaminadas hacia este propósito, este miércoles 15 realizaremos de manera simultánea la jornada “Una Luz para Ricardo y Antonio” en Colima, Colima; Orizaba, Veracruz; Morelia, Michoacán, y en la Ciudad de México, adonde se invita a la ciudadanía a acudir portando veladoras. En el caso de Colima, nos reuniremos a partir de las 6:00 de la tarde en el exterior de la Catedral.
Los familiares de Ricardo y Antonio agradecen profundamente a todas las personas solidarias que a lo largo del país y a nivel internacional se han sumado a la exigencia y a esta lucha, así como a las personas que están participando en la búsqueda efectiva de nuestros dos defensores de los derechos humanos.
