Como parte de las actividades del segundo encuentro académico y artístico “Identi Arte”, vinculación se saberes, organizado por el Instituto Universitario de Bellas Artes (IUBA) de la Universidad de Colima, se llevó a cabo la conferencia: “Inclusión Educativa en la Universidad”, a cargo de Norma Márquez Ceballos, académica de Facultad Ciencias de la Educación, en el que abordó marcos normativos, leyes nacionales e internacionales que garantizan la inclusión educativa de personas con neurodivergencias, discapacidades motoras y actitudes sobre salientes.
Márquez Ceballos compartió con los estudiantes que la inclusión educativa “no es una nueva revolución, una moda, ni tampoco tiene que ver con una tendencia; de hecho, está sustentada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y establecida en marcos normativos nacionales e internacionales”.
Comentó que, durante la década de los 90, se vivió un gran auge en el proceso de inclusión educativa, cuando niñas, niños y adolescentes comenzaron a salir de las entonces llamadas escuelas de educación especial para integrarse a las escuelas regulares. Este cambio representó uno de los mayores retos para el sistema educativo: garantizar la igualdad de oportunidades para todas y todos. Más adelante, en 2015, se estableció la Agenda 2030, que contempla 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los cuales se incluye el acceso a una educación de calidad, equitativa e inclusiva.
La investigadora explicó que, por primera vez, se dejó de lado la perspectiva de integración para adoptar el término inclusión, ya que este último implica buscar no sólo la incorporación, sino también la equidad y la calidad. “Es decir -señaló-, darle a cada persona lo que le corresponde según sus características, necesidades y particularidades. ¿Para qué? Para favorecer el desarrollo armónico de esa persona”.
En este contexto, añadió que México asumió el compromiso de incorporar la inclusión educativa en sus marcos normativos, realizando modificaciones importantes en su legislación. Un ejemplo de ello es el Artículo 3º constitucional, al que se le añadieron y reformaron diversos apartados con el fin de reducir prácticas discriminatorias, promover la capacitación docente y establecer que la educación obligatoria abarque desde la educación preescolar hasta la media superior.
Además, se sustituyó el término “guardería” por “estancia infantil”, para destacar que en estos espacios se promueve el desarrollo cognitivo, social, emocional y psicomotor de la infancia.
También hizo referencia a la Ley General de Educación Superior, específicamente al Artículo 47, el cual establece la necesidad de implementar políticas para fomentar la inclusión, la continuidad académica y el egreso oportuno de los estudiantes. El Artículo 6, destacó, menciona por primera vez la obligación de realizar ajustes razonables, tanto por parte del profesorado como de las instituciones educativas.
“¿Pero a qué se refiere la ley con ajustes razonables?”, cuestionó. Y respondió: “Hablamos de infraestructura, como rampas o estacionamientos para personas con trastornos neuromotores, pero también de adaptaciones en las metodologías de enseñanza y evaluación, así como del uso de materiales de apoyo. Estos pequeños cambios permiten ofrecer igualdad de oportunidades para todas y todos”.
Reconoció que el tema de la inclusión y los ajustes razonables ha representado un reto significativo para las instituciones de educación superior, ya que cada vez es mayor el número de estudiantes diversos que ingresan a programas de licenciatura y posgrado.
Aunque señaló que la inclusión en las aulas ha avanzado gracias a tres factores clave: las prácticas pedagógicas del profesorado, una cultura institucional inclusiva y la implementación de políticas concretas, Norma Márquez subrayó la necesidad de generar nuevas estrategias que garanticen una educación integral y verdaderamente accesible para más estudiantes.
Entre las acciones sugeridas, mencionó establecer un lenguaje común entre directivos, así como desarrollar una base de datos que permita identificar los materiales y programas de apoyo disponibles para el estudiantado. “Nosotros contamos con un laboratorio de inclusión educativa y una impresora en braille que están disponibles para toda la comunidad. Pero nos hace falta compartir un lenguaje común, y conocer desde el proceso de admisión cuál es la situación de cada estudiante, para poder atenderla desde el inicio y fortalecer su trayecto educativo”.
Finalmente, enfatizó la importancia de seguir promoviendo la inclusión de personas con neurodivergencias, discapacidades motoras o talentos sobresalientes, mediante la creación de trayectorias formativas inclusivas que involucren a toda la comunidad universitaria, “a ustedes como estudiantes, a nosotros como profesorado, a los funcionarios y a los directores. Todos debemos estar informados y comprometidos con la inclusión”.
