Diario de Educación
Por: Juan Carlos Yáñez Velazco
Ayer domingo la Universidad de Colima, a través de su cuenta de Twitter, difundió el Acuerdo Nacional para la Transformación de la Educación Superior, producto de las deliberaciones realizadas por los titulares de las instituciones públicas de educación superior, durante la LIII sesión ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines de la ANUIES, efectuada en el Colegio de Posgraduados el 18 de octubre.
La declaración merece detenerse por las implicaciones políticas y la trascendencia que podría marcar en la historia de la enseñanza superior del país, especialmente en un momento donde convergen dos coyunturas: un gobierno federal escéptico (podríamos aplicar distintos adjetivos) ante las universidades públicas, miradas con recelo, para las que no ha habido consideraciones presupuestales y frente a las cuales implantó una red de universidades en la geografía nacional, con dudas en su operación.
La segunda coyuntura es resultado de la larga crítica que denuncia el agotamiento del modelo y las políticas que orientan la educación superior en el país, después de tres décadas. Uno de los síntomas del agotamiento aparece señalado explícitamente en el documento: el financiamiento, ante el cual, directores y rectores piden un modelo distinto que otorgue certeza presupuestal.
En este contexto, urgido de transformaciones, la Declaración podría ser un punto de inflexión. O podría ser la continuación del rumbo con variables notablemente distintas y definitorias en la relación entre el gobierno federal, los estatales y las universidades: la obligatoriedad de la educación superior establecida en el artículo tercero constitucional y el marco de austeridad y transparencia exigido desde Presidencia de la República.
Antes de proceder a la declaración, los signatarios reclaman solución hacia las universidades públicas con problemas financieros críticos. Cuidadosos del enunciado, los rectores advierten que las políticas oficiales fueron tímidas ante el problema, o solo logaron contenerlo, pues ya existían partidas que pretendían resolver los “problemas estructurales”.
Los compromisos de los rectores y directores son, en resumen, un boceto de las políticas a que deberán sujetarse las casas de estudios superiores, entre ellos: a) ampliación de las oportunidades de ingreso a estudiantes de sectores sociales desfavorecidos, y ofertas educativas de calidad pertinentes a las necesidades regionales; b) participación en los proyectos de bienestar social y contribución con el “capital académico, científico, tecnológico y cultural” para el análisis de las necesidades del entorno; c) fomentar la cultura de responsabilidad social con una gestión ética y eficaz, con la participación de la comunidad académica en acciones para la convivencia sana, práctica de valores, igualdad de oportunidades, respeto a derechos humanos y medio ambiente, así como participación en el desarrollo del entorno; d) promover el uso racional de la capacidad física instalada y la plantilla de las instituciones; e) integrar equipos directivos competentes para dicha gestión, que asegure la responsabilidad en el uso de los recursos públicos; f) promover que los máximos órganos de gobierno aprueben programas de austeridad y disciplina financiera para reducir déficit presupuestal; g) ampliar espacios de diálogo con los trabajadores de las instituciones para impulsar la sostenibilidad financiera a largo plazo; h) mejorar los procesos, instrumentos y páginas de transparencia y acceso a la información; finalmente, apoyar y participar en los espacios de trabajo con autoridades educativas federales y locales para formular programas estratégicos y atender problemas financieros estructurales.
Tengo como hipótesis que la relación entre las universidades públicas y el gobierno de la Cuarta Transformación no será tersa. No es mi deseo. Es una tentativa para explicarme hoy cómo podrían transcurrir las relaciones entre el gobierno federal y las universidades. La Declaración del 18 de octubre es un intento por armonizar diferencias y establecer pactos políticos. En la diferencia constante o conflictiva nadie ganará, menos, mucho menos las comunidades de estudiantes y profesores. Pero no tengo duda: las universidades persistirán a la Cuarta y a las siguientes transformaciones. Aunque su presente parezca acotado, su futuro es indiscutible.
