Ciudad de México.- Organismos de las Naciones Unidas pidió a las autoridades mexicanas que, según señalan los compromisos internacionales asumidos por el Estado, ajusten sus marcos normativos para prohibir el castigo corporal y humillante contra niñas, niños y adolescentes.
Las agencias solicitantes son las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
La declaración emitida por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos destacó que los actos violentos contra los niños suponen una violación de sus garantías fundamentales.
En México, seis de cada diez menores de entre uno y 14 años han sufrido algún tipo de “disciplina violenta” en sus hogares, una acción que provoca graves consecuencias en su desarrollo.
Según datos de Unicef, las niñas y niños expuestos a castigos corporales severos tienen 2.4 veces menos probabilidades de alcanzar un desarrollo adecuado en la primera infancia.
Por otro lado, Unicef destacó que la exposición a la disciplina violenta aumenta 1.6 veces el riesgo de que una niña o un niño sea agresivo.
También resaltó que quienes enfrentan violencia constante en el seno familiar tienen mayor probabilidad de abandonar su hogar, verse orillados a situaciones de extrema precariedad y vulnerabilidad, vivir en situación de calle, ser institucionalizados y, en general, enfrentar un mayor riesgo de abuso y explotación, incluida la vinculación con grupos u organizaciones criminales, y de entrar, como resultado, en contacto con la justicia juvenil.
El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño, respaldado por otras agencias, recomendó al Estado mexicano prohibir los castigos corporales y humillantes “en todos los entornos, en el nivel federal como estatal, y derogar de los códigos civiles federales y estatales el ‘derecho a corregir'».
Las agencias confiaron en que los legisladores mexicanos actúen en favor de los derechos humanos de los menores y, en consecuencia, los congresos estatales impulsen reformas a sus respectivos códigos civiles y leyes de derechos de la infancia para prohibir en definitiva el castigo corporal y humillante a niñas, niños y adolescentes en todo el país.
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