COLIMA.- Como alarmantes calificó las cifras de desaparecidos en la entidad de Colima, el presidente de la Comisión de Derechos del Estado, Roberto Ramírez, quien señaló que se deben fortalecer todas las aristas para evitar que continúen registrándose víctimas en este rubro.
«En materia de desaparecidos, las cifras considero que sí son alarmantes porque en el histórico que existe, de manera particular en este año que cerramos se dispararon y es fundamental que se tengan que fortalecer todas las aristas que sean necesarias para evitar este flagelo social».
Respecto a la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, en los límites de Colima y Michoacán, señaló que la CDHEC abrió de oficio un expediente desde el momento en que tuvieron conocimiento del hecho, con el objetivo de verificar que las autoridades estén haciendo lo que corresponde.
«La Fiscalía General del Estado, a través de la fiscalía especializada, también tiene aperturada una carpeta de investigación donde están realizando las labores de búsqueda, la Comisión de Búsqueda del Estado de Colima está realizando un trabajo extraordinario… han hecho algunas labores de localización, terrestres para comenzar con esta búsqueda derivado de las pistas y comentarios de los familiares», refirió el ombudsperson.
De acuerdo a los datos de la vocería de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad en el Estado de Colima, durante el 2022 se registraron 724 carpetas de investigación con un total del 744 víctimas de desaparición.
«En otros años las cifras de desaparecidos era menor, por lo que es fundamental el trabajo coordinado que pueden realizar todas las áreas de seguridad y todas las dependencias que nos corresponda involucrarnos en la materia».
Consideró que este tema no es privativo de la entidad, se viene presentando a nivel nacional y cada vez va en aumento, por lo que hizo un llamado a poner una atención y solución real.
«El tema de la seguridad, el tema de los desaparecidos no se resuelve con discursos de buena voluntad, se resuelve con acciones y con estrategias de inteligencia, que brinden una percepción de seguridad a las personas, pero sobre todo que brinden la seguridad de que no exista impunidad».
Roberto Ramírez refirió que el principal elemento para inhibir el delito es que se logre la integración de carpetas de investigación, que éstas se judicialicen y concluyan en una sentencia condenatoria.
«De manera contraria, cualquier discurso que se vierta es mera voluntad, y se aplaude la voluntad, pero más allá de ello se requiere la acción concreta, efectiva y eficaz».
Estableció que el tema de la coordinación entre autoridades siempre será necesaria y permanente.
La ciudadanía puede acudir a la Comisión de Derechos Humanos en cualquier caso, señaló el ombusdperson, destacando aquellos momentos en los que sientan que la autoridad no les está dando la atención debida, no los está tratando con la empatía o cuando no sepan qué hacer, ya que ahí los pueden orientar y acompañar en todo el proceso.
Recordó que en el caso de desaparecidos las primeras horas son fundamentales.
«El objetivo es acelerar los procedimientos, las respuestas y que estas sean satisfactorias, eficaces y eficientes».
Destacó que cuando hay revictimización también actúa la CDHEC.
«Bajo ninguna circunstancia se debe de vulnerar la dignidad de la persona que se encuentra desaparecida o que hubiera sido ultimado en algún momento; si no hay una sentencia ejecutoriada, que establezca que la persona realizaba tal o cual conducta, ninguna autoridad, ningún servidor público y ninguna persona tenemos el derecho ni la facultad para prejuzgar, condenar o sentenciar, máxime cuando la persona no se encuentra o no está en condiciones de poder debatir la situación».
«Incluso el verter ese tipo de declaraciones fáciles porque se tiene un micrófono a la mano le puede generar un costo al erario público, la reparación del daño cuantificable de manera monetaria, le cuesta al estado, a los ciudadanos por la irresponsabilidad en muchos casos de un servidor público».
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