Colima.- Ocho estados del país, entre ellos Colima, han denunciado el aumento de violencia hacia las mujeres, por lo cual solicitaron emitir una alerta de violencia de género (AVG) en sus territorios, sin embargo hasta el momento ninguno ha logrado su petición.
Las otras entidades son: Estado de México, Chiapas, Nuevo León, Guanajuato, Baja California, Morelos y Sonora.
Sin embargo, los diagnósticos hechos por los grupos de especialistas que investigan cada caso y emiten un informe, han dejado mucho que desear.
En Colima, por ejemplo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la Fundación IUS Género y el Centro de Apoyo a la Mujer (CAM) “Griselda Álvarez”, calificaron los resultados como decepcionantes, además de que señalaron que está incompleto.
A pesar de que antes de recibir el informe habían advertido que el Gobierno Federal estaba presentando en otros estados conclusiones muy generales sobre la AVG, casi de formato, sin responder a los planteamientos de los problemas.
En general los diagnósticos realizados hasta el momento muestran deficiencias graves en políticas públicas: ausencia de protocolos especializados en la investigación de delitos contra la libertad y seguridad sexual, así como deficiente registro de casos de feminicidios y de desaparición de mujeres.
Pero ningún caso ha merecido el grado de alerta de género, mecanismo incluido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, debido a que “la normatividad cambió”, o esa ha sido la explicación de la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez.
En este sentido, antes las solicitudes se sometían a votación del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, ahora se integra un grupo de investigación.
Sus conclusiones se presentan al gobernador quien puede admitir las recomendaciones, la alerta sólo saldría a la luz si el mandatario estatal se negara a admitir el informe y a cumplir con los cambios propuestos.
En el caso de Colima, el Gobierno estatal aceptó este informe y tiene seis meses (a partir de mayo) para tomar las medidas y acciones necesarias, a lo largo de este plazo habrá revisiones periódicas.
Con información de agencias
