Colima.- El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Bernardo Alfredo Salazar Santana, rindió su segundo informe de labores 2017-2018.
Dijo que en los últimos años, los valores tradicionales del Poder Judicial se enriquecieron con nuevas perspectivas: la transparencia y la rendición de cuentas, la protección de datos personales, la perspectiva de género, los derechos humanos, la oralidad en los juicios y muchos más.
Destacó que es deber del Poder Judicial cumplir sus fines esenciales, pero también atender los nuevos retos impuestos por la sociedad y su circunstancia.
Agregó que el Poder Judicial seguirá atento a sus obligaciones republicanas, pero también a que se fortalezca, pues se trata de un Poder que debe ser apreciado como un recurso de equilibrio, que siga ofreciendo ponderación y firme soporte frente a cualquier circunstancia.
Expresó que durante el año Judicial que se informa, se iniciaron 1519 carpetas administrativas, de las cuales 1005 causas fueron judicializadas.
De las 432 causas terminadas, 259 concluyeron a través de sentencia condenatoria, 224 en procedimiento abreviado y 35 en juicio oral.
La prisión preventiva como medida cautelar se impuso en 375 causas, de las cuales 171 fue de oficio.
En los partidos judiciales se desahogaron 5 mil 263 audiencias.
“Los anteriores números reflejan claramente el compromiso que el Poder Judicial del Estado asume en la consolidación del Sistema Penal Acusatorio, no como ha sido descrito, sino como un Sistema de Justicia Penal respetuoso de los derechos humanos de la persona inculpada y de la víctima, y además preocupado por la protección de los bienes jurídicos trascendentales de la sociedad”, subrayó
En materia de rendición de cuentas, manifestó que el Poder Judicial del Estado ha superado las metas establecidas. Ha cumplido con la normatividad que regula el ejercicio de los recursos financieros, y la efectividad se ha reflejado en los resultados proporcionados por el Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC), alcanzándose un segundo lugar de entre los sujetos obligados a nivel estatal.
Agregó que, durante el presente Año Judicial, la intervención del Supremo Tribunal de Justicia en el Comité Coordinador del Sistema Estatal de Anticorrupción del Estado de Colima ha sido con el ánimo de que el imperio de la ley prevalezca por encima de conductas que transgreden el Estado de Derecho, máxime que resulta inaceptable lucrar con la justicia; por ello, es necesario unir esfuerzos para combatir la corrupción.
Salazar Santana expresó que la mejora continua es uno de los retos permanentes en el Poder Judicial estatal. Durante el año 2018 la Institución fue parte del programa de Mejora Regulatoria.
Junto con el Gobierno del Estado, el Poder Judicial firmó un Convenio de Cooperación con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, a fin de promover la ejecución de acciones, que permitieran implementar, de manera eficiente, la oralidad en los juicios mercantiles.
Añadió que recientemente, se presentó en el Senado una iniciativa de reforma a la fracción III del artículo 116 de la Constitución General de la República, que resulta de gran trascendencia para las Poderes Judiciales locales.
“Con esta propuesta se busca el reconocimiento de la autonomía de los Poderes Judiciales locales en el país, en las siguientes materias: presupuestal, orgánica, financiera, normativa, administrativa, funcional y técnica”, enfatizó el presidente del STJE.
Recalcó que el Supremo Tribunal de Justicia de nuestra entidad es una institución viva, con un desempeño constante y una gran capacidad para atender a los cientos de colimenses que asisten a diario a la búsqueda de apoyos y respuestas.
Informó que, en la medida de las posibilidades presupuestales, se impulsaron esfuerzos de mantenimiento de la infraestructura, con el objeto de responder a las necesidades propias y para servir mejor a la sociedad, señalando que el tribunal está sujeto a una renovación constante.
En ese sentido, reiteró que el poder Judicial del Estado de Colima ocupa segundo lugar nacional como el peor pagado, “lo que significa que nuestro presupuesto está por debajo de las necesidades que experimentamos”.
Manifestó que resultaría idóneo que prosperara la iniciativa federal, hoy en el ámbito legislativo, para que los poderes judiciales estatales ejercieran un 2 por ciento anual del presupuesto local.
Mientras tanto, dijo, el Poder Judicial deberá ajustarse a una programación anual de 208 millones, cuando se necesitan un mínimo de 230 en este momento y una proyección al 2019 por 276 millones de pesos.
