Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, buscará eliminar los contratos con penales privados, pues consideró que son “abusivos” en sus costos y representan un gasto para el Gobierno.
El mandatario pidió hacer una revisión a los contratos que se tenían con ocho reclusorios privados, descubriendo que durante nueve años se hicieron pagos anuales por 75 mil 661 millones de pesos, correspondiente al 36 por ciento del pago total.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), dio a conocer que aún queda pendiente pagar 190 mil 638 millones 819 mil 84 pesos equivalente al 64 por ciento del costo total.
“Que corresponderá hasta, en algunos penales, hasta el 2032 y en otros hasta el 2036 o 2037. Así se hace un costo total proyectado a 20 años –es aproximado- de 266 mil 300 millones de pesos. Esto significa que será tomando en cuenta los índices de precios que se manejan para los siguientes años”.
De los ocho penales administrados por particulares, siete suscribieron un convenio con el Gobierno Federal en 2010 y otro en 2011, durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, cuando Genaro García Luna se desempeñaba como secretario de Seguridad.
Los penales, que albergan a 12 mil 284 personas privadas de su libertad, se ubican en Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Michoacán, Guanajuato y el femenil de Morelos, con capacidades al 78, 76, 59, 72, 52, 48, 69 y 32 por ciento, respectivamente.
La secretaria de Seguridad detalló que durante 2020, se pagaron 15 mil 562 millones 904 mil 661 pesos a estas empresas, lo que representó el 68.3 por ciento de los 22 mil 776 millones de pesos ejercidos por Prevención y Readaptación Social.
También detalló que en 2020 se tuvo un gasto promedio de un millón 375 mil 64 pesos por persona privada de su libertad, equivalente a 114 mil 588 pesos mensuales y 3 mil 819 pesos diarios.
El penal con los costos diarios más elevados es el femenil de Morelos con un promedio de 6 mil 411.61 pesos diarios por persona y el de menor costo es el de Sonora con un promedio de gasto diario de 2 mil 558.62 pesos.
En contraste, se informó que el Gobierno Federal tiene un gasto promedio diario de 500 pesos y de un millón 200 mil pesos anual por cada interno.
Por su parte, Julio Sherer, consejero Jurídico de la Presidencia, expuso que los contratos con las empresas administradoras se dieron por adjudicación directa y algunos tienen vigencia de 22 años, al final de los cuales la obra pasará a manos de los particulares y se podrán negociar nuevas condiciones.
También detalló que las cláusulas de los contratos establecen que el Gobierno Federal debe pagar a las empresas como si los penales estuvieran al 100 por ciento de su capacidad, aunque no sea así, lo que eleva el costo por persona privada de su libertad.
Otra de las cláusulas indica que las empresas son responsables de los gastos de operación, pero la seguridad de los edificios debe ser pagada por el Gobierno Federal.
El presidente López Obrador aseguró que se buscará un acuerdo con los proveedores de los servicios en penales privados o, de lo contrario, se cancelarán los contratos.
“Que se hable con los proveedores de estos servicios para que se llegue a un acuerdo; se va a empezar a elaborar una denuncia en lo civil para cancelar los contratos, si no se tiene un arreglo”.
Por lo tanto, instruyó a Julio Sherer a buscar los acuerdos con los proveedores de servicios, priorizando el beneficio de la Hacienda Publica, o elaborar una denuncia para cancelar los contratos.
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