Preguntas a 25 años de los sismos de 1985
Por Raymundo Padilla Lozoya *
Como cualquier individuo de una comunidad asentada en una región de alto riesgo sísmico, con gran cantidad de antecedentes desastrosos, creo prudente hacer las siguientes preguntas a los servidores públicos de Protección Civil estatal y municipal de Colima, Jalisco y Michoacán.
Y considero que sería institucionalmente responsable que ellos emitieran “a la comunidad” al menos algunas respuestas estadísticas, precisas y claras, en lugar de opiniones improvisadas, chuscas y politiqueras. Sobre todo para -como sociedad en riesgo- tener una idea del desempeño público en labores de protección y de prevención a 25 años de ocurridos los sismos de septiembre de 1985 y a 24 años de decretado el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). En un cuarto de siglo, seguramente debe existir un gran trabajo realizado el cual podría conocerse al dar respuesta a las siguientes preguntas.
¿Con cuánto personal opera específicamente en nómina PC estatal y municipal para atender una emergencia sísmica de desastre?
¿A cuáles cursos de capacitación en respuesta y en prevención sísmica acudió el personal de PC desde el último desastre?
¿Cuántas iniciativas de ley han sido promovidas por PC en el Congreso del Estado para mejorar la gestión de los riesgos sísmicos y prevención de desastres?
¿Cuánto personal ha incorporado PC específicamente a su nómina en proporción al incremento de vulnerabilidades estatales asociadas a los riesgos sísmicos?
¿Cuántos recursos económicos federales y estatales recibe PC y dónde puede la comunidad consultar el informe total de ingresos, egresos y actividades realizadas anualmente en materia de sismos?
¿Con qué equipo inventariado cuenta PC para responder a emergencias por sismos?
¿Qué equipos se encuentran en condiciones eficientes y cuánto equipo es obsoleto o prestado a otras dependencias?
¿Cuántas mujeres han sido incorporadas en PC estatal y municipal para realizar tareas de prevención y gestión de riesgos sísmicos con enfoque de género?
¿Por qué en estas zonas de alto riesgo sísmico no se cuenta con sitios de Internet donde sea posible consultar los atlas de riesgo estatales y los municipales, si los primeros atlas editados en el país fueron realizados hace 18 años?
¿Cómo puede la comunidad en riesgo utilizar los atlas de riesgos en acciones de prevención?
¿Por qué parece que se perpetúan y apoderan del puesto algunos directivos de las dependencias de PC a diferencia de la movilidad que existe en otras dependencias estatales y municipales?
¿Con qué bases de datos de antecedentes sísmicos históricos cuenta PC?
¿Con qué archivo iconográfico cuenta PC para registrar y exponer información de antecedentes de desastres por fenómenos sísmicos?
¿Qué programa formativo y preventivo de riesgos sísmicos -más que los simulacros- ha implementado PC en cada centro educativo?
¿De cuántos ejemplares está compuesta la biblioteca de PC con documentos que ha editado el Cenapred en 20 años, estudios de caso de desastres e investigaciones sísmicas en desarrollo?
¿Cuántas entrevistas en radio, televisión y prensa realiza anualmente PC para difundir los riesgos sísmicos locales entre la sociedad, proponer estrategias y difundir conocimiento preventivo?
¿En cuántos congresos internacionales organizados por el Cenapred y la Segob ha participado o en el mejor de los casos expuesto ponencia el personal de PC municipal o estatal, con respecto a los sismos?
¿Dónde puede identificar la comunidad el plan operativo de PC y los objetivos o metas específicas a corto mediano y largo plazo en el tema de sismos?
¿Cómo supervisa y evalúa PC las construcciones de casas y edificios públicos y privados asentados en zonas sísmicas, con base en qué normas y dónde están esos informes?
¿En qué sitio de Internet la comunidad puede encontrar respuesta a cada una o a todas las preguntas formuladas?
Ojala que en el marco de la conmemoración a un cuarto de siglo de los sismos de 1985, las preguntas enlistadas abran algún debate entre funcionarios, medios de comunicación y sociedad civil, para reflexionar pública, crítica y constructivamente las labores de respuesta a emergencias desarrolladas hasta hoy por PC estatal y municipal. Un desastre como el detonado en 1985, debiera servir para promover un modelo de reducción de vulnerabilidades y exposición a las amenazas sísmicas, mejorar los programas y políticas públicas de prevención, profesionalizar el trabajo de PC y además transparentar las acciones y logros ante la comunidad. Si aún no se ha logrado un gran avance, sería ideal que en menos de otro cuarto de siglo, Colima, Jalisco o Michoacán obtengan una certificación internacional por ser el estado con el primer lugar en gestión de riesgos sísmicos y prevención de desastres. Y a nivel local se logren arreglos que refuercen redes resilientes para evitar las pérdidas económicas y humanas de miles de mexicanos y no se repitan los desastres como el detonado hace 25 años. Los desastres y la prevención desvelan lo que de verdad protege y valora el Estado y sus funcionarios. La protección civil la hacemos todos, si, pero no toda la comunidad cobran por realizar un trabajo específicamente de protección a la ciudadanía y entonces sería ideal que toda la comunidad conozca plenamente las zonas y riesgos sísmicos locales, para ser más responsables en las labores de auto prevención y auto gestión de riesgos sísmicos.
* Licenciado en Letras y Periodismo, maestro en Historia y doctorante en Antropología en el CIESAS DF. Integrante de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos.
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