El comandante de la sexta región Naval, almirante Jaime Mejía Michel y la Procuradora de Justicia Yolanda Verduzco Guzmán, se negaron a dar información sobre el caso en que 13 agentes de la PGJE denunciaron tortura por parte de la Armada de México, mientras eran investigados por posibles vínculos con la delincuencia organizada.
Luego del evento en que se conmemoró el Día del Ejército Mexicano, en las instalaciones del 29 Batallón de Infantería, se les indagó sobre el caso, por lo que Mejía Michel hacía caso omiso y Verduzco Guzmán hablaba por teléfono celular.
Posteriormente acudieron elementos de la Marina, quienes mediante empujones a los medios de comunicación obstruyeron el paso para que el almirante subiera a su vehículo y no diera ninguna declaración, mientras la procuradora de justicia afirmó que esta misma tarde se daría una rueda de prensa para informar sobre el tema.
No será sino hasta mañana cuando se informe sobre el caso.
Por su parte el gobernador del estado, Mario Anguiano Moreno, dio a conocer que no tiene ningún elemento de la versión de que elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado hayan sido torturados por la Secretaría de la Armada de México, mientras eran investigados por posibles vínculos con la delincuencia organizada.
Esto luego de que ayer 13 de los 38 agentes detenidos fueran liberados al no encontrárseles ningún problema, pero que sin embargo afirman haber sido torturados por la Armada de México, motivo por el cual habrían interpuesto una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
De acuerdo al mandatario colimense, de haber sido torturados, el sistema mexicano tiene establecidos los procedimientos adecuados en caso que alguien viole las garantías individuales.
“Hay el sistema que permite que se hagan las verificaciones”, apuntó
Según declaraciones por parte de los agraviados, estos fueron torturados en la Base Naval de la Marina en Manzanillo, durante 24 horas con tubos de metal, tablas, con los puños, descargas eléctricas.
Esto habría sido comprobado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo cual lo turnarán a nivel nacional para ver la responsabilidad entre la Armada y la Procuraduría General de Justicia del Estado.
