Legisladores de oposición señalaron que, durante los últimos 10 años, el país ha destinado más recursos a programas sociales pero ha crecido el número de mexicanos pobres.
Durante la comparecencia ante el Congreso del secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, el diputado Mario di Costanzo, del Partido del Trabajo (PT), afirmó que la Cámara de Diputados ha aprobado los presupuestos más altos en la historia del país en materia de desarrollo social, pero esto no ha disminuido la pobreza.
De acuerdo con Di Costanzo, durante el sexenio del presidente Felipe Calderón 11 millones de mexicanos más han caído en condición de pobreza, lo que refleja fallas en el Estado y, en particular, en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
El diputado David Penchyna, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que “se le dio un voto de confianza al Ejecutivo y sigue habiendo opacidad, discrecionalidad y manejo electoral” de los recursos.
Penchyna propuso que la gestión del gasto social esté coordinada entre los tres niveles de gobierno, no sólo desde el gobierno federal, para que ese dinero no reciba un uso electoral.
Carlos Alberto Pérez, del oficial Partido Acción Nacional (PAN), defendió la labor del gobierno federal al señalar que “para combatir la pobreza, en el país requerimos que todos hagamos la tarea”.
“Se habla de que se han dado los presupuestos más altos de la historia, pero eso no es sólo la problemática del país y se requiere que la rendición de cuentas y transparencia en el uso de todos los programas sociales se aplique en los tres niveles de gobierno”, dijo Pérez.
El senador Silvano Aureoles, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que el programa 70 y más, destinado a apoyar a personas de 70 años en adelante, ha tenido resultados positivos pero “hay cosas que se tienen que mejorar”.
Aureoles afirmó que ese programa está inspirado en políticas instrumentadas por el PRD en el Distrito Federal, por lo que es un mérito del perredismo.
Rogelio Rueda, del PRI, dijo que la operación y el mejor funcionamiento de los programas sociales implican un seguimiento y una fiscalización de los recursos por parte de los tres poderes de la Unión.
