LA TRANSPARENCIA COMO HERRAMIENTA DE BENEFICIOS PARA EL CAMPO
Mtra. Indira Isabel García Pérez, Comisionada de INFOCOL
Tal y como se manifiesta en la Constitución Federal, en su artículo sexto, párrafo segundo, “toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.
Sin embargo, este derecho no está ajeno de lagunas normativas, mismas que coadyuvan a la opacidad (Espejel, 2016) en la medida que se restringe este derecho humano, su máxima publicidad como principio toral y no sea reivindicada a la transparencia para todas las personas de manera uniforme, como responsabilidad compartida, sin importar su condición social; por lo tanto aún prevalece un ejercicio ineficiente y diverso del derecho de acceso a la información, aunado a antinomias en cuanto a las obligaciones en materia de transparencia. Me explico.
Existe una multiplicidad de factores económicos y sociales que hacen evidente la falta de acceso a la información pública y mecanismos de transparencia por parte del sector rural en México. Su olvido y alejamiento en torno a la toma de decisiones y no decisiones pública, su falta de involucramiento por parte de las instituciones especializadas en materia de transparencia y lo peor de todo, el desconocimiento mismo de este derecho, hacen proclive esta argumentación. En razón que no se procrea un piso mínimo y parejo en el ejercicio pleno de este derecho humano en dicho sector.
Pero principalmente, el aseguramiento de condiciones de igualdad en su ejercicio, que sea un derecho imprescindible para toda la ciudadanía, en donde su eficacia práctica sea proba para garantizar información socialmente útil, es el máxime aquí desarrollado.
Si nos acercamos más al derecho de acceso a la información, en mayor preponderancia, obtendremos poder, y en consecuencia, conocimiento para una mejor toma de decisiones en nuestra vida cotidiana. Empero, es necesario reconocer que en nuestro país, hacen falta incentivos para obtener resultados que coadyuven a una mayor injerencia de la ciudadanía en procesos de transparencia.
No obstante, las instituciones deben abrirse a la participación y colaboración de la sociedad civil para permitir sentar las bases de un verdadero acceso a este derecho. Ahora bien, a través de la transparencia proactiva (trátese no solamente de solicitar información, a diferencia de una transparencia reactiva, sino de que las propias instituciones pongan en la vitrina publica todas las herramientas posibles para que, el ciudadano común, tenga un beneficio útil en su quehacer cotidiano) son parte de las obligaciones, establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, en sus artículos 56 al 58, en los cuales todos los sujetos obligados del país deben de difundir.
Pero esto no solamente queda aquí. Como se ha expuesto en el desarrollo de esta pieza, un verdadero cultivo de la transparencia, puede ser una herramienta de suma relevancia en el beneficio del campo, en su fecundidad progresiva que apuntale a mayores incentivos económicos. En consonancia con lo anterior, el gobierno abierto, y su finalidad de aumentar la transparencia y el acceso a la información de datos de la administración pública, incentivar la participación ciudadana en el diseño, reestructuración e implementación de políticas públicas y facilitar el debate público informado, son parte de una nueva tendencia que abre la puerta al conocimiento e innovación (Cepal, 2014), en donde la oportunidad de colaboración de sectores olvidados como el rural, permiten acrecentar beneficios compartidos, y por ende, aumento de la transparencia.
Los casos de éxito son clarificadores y ejemplificadores sobre los múltiples beneficios del derecho de acceso a la información pública, la transparencia, el gobierno abierto y los datos abiertos, porque están íntimamente vinculados, en la vida cotidiana y con mayor énfasis en el sector rural. Veamos dos ejemplos: 1) Colombia desarrolló una herramienta, a partir de los datos abiertos, para informar y definir políticas para que los productores de arroz eviten daños potenciales de sequía.
Los ahorros de esta política se estiman en 3.6 millones de dólares; 2) en Estados Unidos, en el estado de California, ante la grave sequía que enfrenta, el gobierno local formuló un plan para racionar y reducir el agua con impacto directo en la agricultura. Los datos abiertos permitieron visualizar a nivel de cuenca datos sobre sostenibilidad agrícola y cambio climático, facilitando a los responsables políticos la vigilancia de las condiciones y gestión del agua. A la par, los productores pueden estimar los niveles de volumen de agua reales y su consumo, apoyando la predicción oportuna y las decisiones con respecto a la cantidad de agua a utilizar en la agricultura (Open Data Institute, 2015).
Así pues, las condiciones están dadas en nuestro país, por lo menos el andamiaje institucional y normativo para poner en marcha estos mecanismos de apertura gubernamental (véase el artículo 59 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información) y favorecer el uso de herramientas asequibles a la ciudadanía. No olvidemos que como parte de los compromisos ante la Alianza para el Gobierno Abierto, en donde México es parte, y en donde parte de esos compromisos fue establecer la página de Internet www.datos.gob.mx en donde se cuenta ya con datos abiertos y herramientas disponibles para todas las personas.
Finalmente, la voluntad política es fundamental para establecer y entrelazar mecanismos de participación ciudadana que incentive una mayor transparencia y equidad en el derecho de acceso a la información pública. Ante todo: que no subsistan vacíos inconexos y lagunas normativas, en donde se aproveche el silencio como parte de la ineficiencia, opacidad y corrupción, sino todo lo contrario, se impulsen buenas prácticas y políticas públicas abiertas a la ciudadanía por igual, y en donde se garantice el involucramientos de todos los sectores. Es allí donde reside el imperativo legítimo y democrático del derecho a la información y la transparencia como beneficio compartido.
Bibliografía consultada
Espejel Mena, Jaime. (2016). “La moralidad y vocación del político en la Filosofía Política de Immanuel Kant”. Revista IAPEM, Ética y vocación de servicio en el administrador público, núm. 93. México: IAPEM. Disponible en: http://www.iapem.mx/Revistas/REVISTA-IAPEM-93.pdf
Open Data Institute. (2015). How Can we improve agricultura, food and nutrition with open data? Reino Unido: ODI-GODAN. Disponible en: http://www.godan.info/sites/default/files/old/2015/04/ODI-GODAN-paper-27-05-20152.pdf
