La heredera del emporio de cosméticos L’Oreal, Liliane Bettencourt, y el gestor de su fortuna, Patrice de Maistre, emplazaron ante la Justicia al sitio de internet Mediapart a retirar las grabaciones clandestinas de conversaciones entre la multimillonaria y sus asesores.
Esas grabaciones efectuadas entre 2009 y 2010 por el entonces mayordomo de Bettencourt provocaron el estallido del escándalo jurídico-fiscal que envuelve a la tercera fortuna de Francia y que alcanzó al ámbito político francés.
Ya el 1 de julio, el tribunal de primera instancia de París rechazó una petición similar de Bettencourt y Maistre presentado entonces contra Mediapart y contra la revista Le Point.
Según el nuevo emplazamiento, publicado este martes por Mediapart, los consejeros de Bettencourt consideran que «la legitimidad acordada a la difusión de esas grabaciones (…) abre camino a todos los excesos bajo el pretexto de la libertad de expresión».
En esas grabaciones entre Bettencourt y sus consejeros, entre éstos Maistre y el fotógrafo francés Francois Marie Banier, se habla de evasión fiscal, de la intromisión de la Presidencia francesa en una causa judicial y de los vínculos de la multimillonaria con el ministro de Trabajo, Eric Woerth, y su esposa.
Banier fue demandado ante la Justicia por la hija de Bettencourt, que lo acusa de abusar de la edad de su madre para que le entregue unos 1.000 millones de euros en donaciones.
«Nuestros abogados defenderán el derecho legítimo a la información», afirmó Edwy Plenel, director de Mediapart.
A raíz de esas grabaciones, la Fiscalía abrió una investigación preliminar sobre blanqueo de fraude fiscal y financiación ilegal de partido político.
Una fuente judicial indicó este martes que fue abierta otra investigación tras una demanda de un accionista del líder mundial de cosméticos por abuso de bienes sociales en relación con un contrato a beneficio de Banier.
El artista, conocido en el ambiente mundano parisino, obtuvo en 2002 un contrato de 405.000 euros por año durante 10 años para brindar «consejos sobre moda y sensibilidad artística», indicó el abogado de ese accionista. «Ese contrato es un gasto abusivo e ilícito que va contra el interés social de la empresa», sostuvo el letrado Frederk Karel Canoy.
AFP
