Pese a exhibir positivas cifras económicas, el presidente Evo Morales, un líder indígena cocalero que denunció que tras el motín existe una conspiración, sufre uno de sus períodos de mayor tensión ante una seguidilla de conflictos sociales cuando está cerca de cumplir la mitad de su segundo mandato quinquenal.
«Avanzamos en varios puntos; esperamos que tras una reflexión en el transcurso de hoy (martes) se resuelva este conflicto para que vuelva la tranquilidad», dijo el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, al anunciar en la madrugada una pausa en el diálogo entre el Gobierno y los amotinados reinstalado en la noche anterior.
La negociación de las demandas salariales y administrativas de los suboficiales y policías rasos sublevados se retomó luego de que una aparente mayoría de los rebeldes rechazara un convenio firmado el domingo y endureciera la protesta, incluso reprimiendo una marcha del oficialismo.
Mientras se esperaba la reanudación del diálogo en cualquier momento, el motín tenía a casi todo el país sin servicios policiales, situación que agravaba el caos vehicular habitual en las ciudades y obligaba a los bancos a recurrir a guardias privados para mantenerse abiertos.
La plaza Murillo de La Paz, donde están los palacios presidencial y legislativo, permanecía tomada por los amotinados, quienes coreaban duras consignas contra Morales mientras exhibían armas de fuego y armas anti disturbios.
«La intransigencia de algunos policías que rechazaron el convenio y usaron violencia contra ciudadanos muestra que buscan algo más que mejoras salariales, buscan una desestabilización», dijo el martes la ministra de Comunicación, Amanda Dávila.
La denuncia gubernamental, repetida desde el domingo, fue rechazada tanto por líderes de la protesta como por jefes opositores.
«No hay tales aprestos golpistas, lo que tenemos es una peligrosa paranoia golpista del Gobierno o al menos una densa cortina de humo que pretende encubrir el desgaste gubernamental», dijo el ex alcalde de La Paz, Juan del Granado, ex aliado de Morales y ahora líder opositor.
UN CONFLICTO TRAS OTRO
El motín, precedido por protestas de esposas de policías, estalló en cuanto terminó la semana pasada un conflicto de 20 días que enfrentó a mineros asalariados y cooperativistas, ambos aliados de Morales, por el control de un yacimiento de estaño y zinc del grupo suizo Glencore.
Morales superó el conflicto decretando la «nacionalización» o reversión al Estado de esa mina, preservando un sector para los cooperativistas, pero el conflicto dejó decenas de heridos, millonarias pérdidas económicas y dudas sobre la capacidad del gobernante para controlar a los llamados movimientos sociales.
Todo esto sucedía mientras otro movimiento social, constituido por varios pueblos indígenas amazónicos, acumulaba dos meses de caminata rumbo a La Paz -la segunda protesta de este tipo en menos de un año- en rechazo a un proyecto de carretera que atravesaría el parque nacional Tipnis.
Los indígenas, aunque visiblemente divididos y en menor número que el año pasado, llegaron el lunes hasta las puertas de la capital política boliviana y dijeron que ingresarían a la ciudad después de que concluya el lío policial.
«No queremos coincidir con los policías para que no digan que es conspiración, nuestra marcha tiene su propia identidad de protesta contra un Gobierno que viola nuestros derechos», dijo el líder de la caminata, Adolfo Chávez.
El Gobierno anuló el proyecto carretero del Tipnis, de 420 millones de dólares y que debía financiar Brasil, pero esto no logró frenar la protesta, que era apoyada por diversos sectores opositores y amenazaba con culminar convertida en una manifestación masiva.
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