Colima.- En entrevista con AFmedios, el presidente de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CAIPEC), Carlos Arturo Noriega García, señala que la nueva Ley de Transparencia aprobada por el Congreso estatal el pasado 22 de octubre avanza en la materia.
Afirmó que la nueva reglamentación está acorde con las necesidades de la población.
“Esta nueva Ley le da al ciudadano la posibilidad de tener mayor facilidad para solicitar información. Es una buena Ley, amplía la cantidad de información que debe estar permanentemente en los portales de Internet y sus plazos de actualización y obliga a las instituciones a tener la información con formatos especializados y reduce los plazos en el termino de entrega de información”.
El titular de este órgano señaló que además de generar mayor fluidez en los procesos de solicitud concede autonomía al órgano garante aumentando la seguridad y certeza en las decisiones del mismo.
“El derecho ha cambiado y las solicitudes han sido más especializadas y era necesario contar con una nueva Ley para dar mayores facilidades a la población para accesar a información pública”, dijo.
Con la nueva Ley se creará el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, éste desempeñará las funciones de la Caipec, y los comisionados se desempeñarán como consejeros.
El comisionado presidente ponderó los beneficios en la reducción de los tiempos de respuesta a las solicitudes de información, pasando de 10 a 8 días hábiles, así como la prórroga que también pasa de 10 a 8 días, y considera un solo recurso ante el órgano garante que es el de queja para cualquier caso, retirando el de revisión.
También se redujo el periodo de reserva de cierta información, pasando de 12 a 7 años como máximo.
La nueva Ley entrará en vigor el primer día del próximo año, y a partir de esa fecha, se tendrá un plazo de 6 meses para emitir los lineamientos que regulen la publicación de la información que los sujetos obligados deben mantener en Internet.
Será el mismo plazo que tendrá el Instituto para elaborar su normatividad e instrumentos jurídicos internos que le impongan derechos y obligaciones.
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