Colima.- El presidente de la Junta de Coordinación Política, Manlio Fabio Beltrones, anunció el acuerdo de este órgano de gobierno de posponer la discusión en el Pleno del dictamen de la Ley General de Aguas, con el objetivo de abrir un espacio para el análisis y estudio de la misma.
“Unánimemente, hemos resuelto, a solicitud de todos los grupos parlamentarios, aunque con distintas expresiones del por qué, el que se difiera su discusión, que se había previsto para mañana, por el tiempo que sea necesario para que se aclaren dudas y se deje atrás la desinformación que ha hecho que algunos políticos en campaña hoy quieran tomarlo como bandera”, expresó.
Precisó que ningún grupo parlamentario ha dejado de comentar su preocupación por que se discuta un dictamen como éste, sin tener la oportunidad de aclarar dudas y evitar la desinformación que al respecto ha surgido.
“La apertura al diálogo que muestra esta Cámara será para identificar aquellas expresiones y sobre todo aquellas observaciones o desinformación que esté en el ambiente para resolverla y junto con ella resolver también lo que es nuestra obligación, un dictamen que crea la Ley General de Aguas”, puntualizó.
Agregó que abrirse a la discusión y escuchar a quienes tengan algo qué decir o aportar, es una obligación para el Legislativo.
Señaló que a pesar de las expresiones que han manifestado distintos políticos, en el dictamen “no existe un sólo elemento que permita señalar que es una iniciativa privatizadora del agua”.
“Esta es una ley general que, estoy seguro, moderniza y en mucho, lo que todos estamos esperando: el que se garantice, como constitucionalmente lo hicimos en el 2012, el derecho al agua”.
“Con esto, la Cámara de Diputados y su Junta de Coordinación Política, estoy seguro, tomó la mejor de las decisiones. Hoy habrá tiempo suficiente para que muchos de los que hablan, pero todavía no han leído la iniciativa, ni el dictamen que está a discusión en la Cámara de Diputados, hagan su trabajo y con ello logremos más profesionalmente nuestra participación política y legislativa”.
Por último, indicó que a pesar de que no se discutirá en la próxima sesión este dictamen, el Pleno de la Cámara de Diputados tiene la obligación de desahogar otros temas pendientes.
De igual manera, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, manifestó que el grupo parlamentario a su cargo se manifestó en favor de esta solicitud de posponer la discusión para que se aclaren absolutamente todas las dudas sobre la Ley General de Aguas.
“Nosotros, bajo ninguna circunstancia, apoyaríamos un proyecto privatizador. Lo que hemos pedido y se ha acordado por unanimidad en la propia Jucopo es que se abra un espacio de diálogo, tan amplio como sea necesario, para que se aclaren todas las dudas, se revise el dictamen, se haga un comparativo serio de la ley vigente con la propuesta de ley, y cuando estén aclaradas las dudas, entonces sí lo podamos discutir en el Pleno de la Cámara de Diputados”, reconoció.
El diputado Miguel Alonso Raya, coordinador del PRD, resaltó la importancia del acuerdo de la Junta de Coordinación Política de posponer la discusión en el Pleno de la Ley General de Aguas y dar oportunidad a que las Comisiones Unidas, tanto de Agua Potable y Saneamiento como de Recursos Hidráulicos, puedan armar un calendario de reuniones, de consultas, de entrevistas y de reuniones de trabajo con científicos y personas interesadas en el tema.
“No es producto de ninguna otra cuestión que no sea, en todo caso, de la prudencia, y de la voluntad pues para poder abrir un espacio más amplio en donde se puedan despejar dudas y se puedan escuchar razones que ayuden, en todo caso, a fortalecer el contenido mismo de la ley, como tal”, abundó.
Por su parte, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) celebró el acuerdo al que llegó la Jucopo aunque dijo que espera “no sea nada más un diferimiento de unos cuantos días para que se eviten las manifestaciones en la tribuna de la Cámara de Diputados”.
“A nosotros esto nos parece que es la decisión adecuada y nos parece que hay que revisar específicamente tres cosas: la constitucionalidad de la Ley; la privatización que también tiene que ver con la constitucionalidad de la Ley, que es sobre el acceso de las personas y su consumo mínimo, y las atribuciones que se le dan a Conagua que le permitirían secuestrar el uso de las aguas en este país y las concesiones”, apuntó.
Beneficiaría a 9 millones de habitantes que hoy en día no tienen acceso al líquido
Previamente, el diputado Kamel Athie Flores, presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, aseguró que este dictamen busca beneficiar 9 millones de mexicanos quienes viven en una situación crítica, tanto de las zonas urbanas de las grandes zonas metropolitanas, para que tengan acceso al vital líquido.
Dicha ley contempla además que “en el mediano y largo plazo tengan seguridad de que no les va a faltar el vital líquido, porque se incluye la planeación de los recursos hídricos, lo que quiere decir el estudio de las fuentes alternas para poder satisfacer las necesidades futuras de estas poblaciones”.
De Morena, el diputado Alfonso Durazo Montaño declaró que este dictamen “no cuenta con el mínimo de consenso social necesario que pueda darle legitimidad”.
Sin embargo, se congratuló por la decisión de atender el planteamiento de diversos grupos parlamentarios para diferir la votación de la Ley General de Aguas.
