Quien fuera titular de los Servicios de Salud del Estado de Puebla (SSEP) durante la administración del priísta Mario Marín Torres arrastra al menos 20 procesos administrativos.
La Procuraduría General de Justicia (PGJ), a cargo de Víctor Carrancá Bourget, informó que durante las últimas horas se ejecutó la orden de aprehensión en contra de José Alfredo Arango García.
Arango, uno de los personajes vinculados con Marín, que incluso formó parte de la mitológica «esfera marinista» integrada por Valentín Meneses, ex secretario de Gobernación; Gerardo Pérez Salazar, ex secretario de Finanzas; Javier López Zavala, ex secretario de Desarrollo Social y Javier García Ramírez ex secretario de Obras; fue aprehendido por el delito de enriquecimiento ilícito, marcado por la ley como grave y sin derecho a fianza.
Esto derivado del proceso judicial 11/2012 emitido por el juez octavo a través de una orden de cateo efectuada al domicilio de Alfredo Arango García quien desde el 6 de enero del presente, estaba prófugo de la justicia.
Cabe destacar que Alfredo Arango García también fungió como director del ISSSTEP en el sexenio pasado.
En julio de 2011, la actual contralora Patricia Leal Islas confirmó que la gestión de Arango en la Secretaría de Salud concentraba el mayor número de irregularidades detectadas en la administración antecesora.
Mandamos a requerir al funcionario que nos aclare las observaciones que tenemos. En la secretaría de salud tenemos un número muy elevado de observaciones y estamos requiriendo al mismo funcionario 15 ó 20 veces», aseguró Leal en aquel momento
La pasada legislatura aprobó el ejercicio fiscal comprendido del 17 de julio al 31 de diciembre de 2009 de los Servicios de Salud del Estado de Puebla (SSEP) pese a que el titular Alfredo Arango García cometió 11 irregularidades por no justificar la aplicación de 682 millones 792 mil 683 pesos.
Las principales faltas cometidas por el ex funcionario marinista, según el reporte publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla con fecha 18 de febrero de 2011, implican la contratación de tres proveedores sin publicar licitación, la presentación de facturas viejas, la duplicidad de estas, la negación de actualización de inventarios, la injustificación de gastos en la adquisición de bienes muebles e inmuebles, entre otras.
Con información del Universal
