Hasta el momento suman 30 los inmuebles cateados que están vinculados a los políticos, que incluyen bienes de sus presuntos operadores financieros y prestanombres, algunos de los cuales están sujetos a investigación por delincuencia organizada y “lavado” de dinero.
Estos cateos ordenados por jueces federales especializados se han realizado en diversas zonas del país, pero la mayoría se concentran en los estados de Quintana Roo, Tamaulipas y el Distrito Federal, detallaron, en busca de evidencias sobre la existencia de una red de corrupción ligada al narcotráfico.
Las autoridades consultadas revelaron que en el caso de Quintana Roo las pesquisas permitieron ubicar tres presuntas propiedades de Hernández Flores, que fueron cateadas el martes pasado. Se trata de dos condominios en el área conocida como Puerto Cancún, aunque no se proporcionó la ubicación exacta, además de un departamento en Residencial Emerald, un inmueble de lujo ubicado en la zona hotelera.
En todos los casos se han decomisado documentos, entre ellos información financiera de los propietarios, “lo que permitirá ahondar en las investigaciones, por lo que peritos contables trabajan en el análisis de los datos que permitirán seguir con el rastreo de otros posibles bienes, determinar el origen de los recursos con los que se adquirieron y si en su caso se utilizaron prestanombres”.
Por ello, se prevé que la indagatoria podría durar todavía varias semanas hasta recabar toda la información que permita citar a comparecer a los ex gobernadores tamaulipecos, ya que hasta el momento confirmaron las autoridades confirmaron que no se ha girado aún la orden de localización y presentación en su contra, y éstas se han emitido para 30 personas presuntamente vinculadas con sus negocios y su círculo familiar.
Autoridades de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) informaron así sobre los avances de esta investigación iniciada en enero pasado, ante la sospecha de que los ex servidores públicos forman parte de una red de corrupción en la que el cártel del Golfo entregó sobornos a políticos y candidatos de Tamaulipas a cambio de protección.
Derivado de las diligencias realizadas a partir de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, con los operativos realizados esta semana, detallaron, “suman hasta hoy 30 los cateos relacionados con esta investigación”.
Además de las tres propiedades inspeccionadas en Quintana Roo, que presuntamente son de Hernández Flores, agentes federales también registraron su residencia ubicada en el kilómetro 13 de la carretera Monterrey-Ciudad Victoria, en el Ejido Tierra Nueva, así como las oficinas de la empresa Golfo Laguna, en el fraccionamiento Las Palmas, en Ciudad Victoria, en Tamaulipas.
En el caso de Yarrington , agentes federales registraron en mayo pasado una residencia en Matamoros, y esta semana bienes ubicados en el Distrito Federal, un departamento localizado en la calle de Euclides en Polanco, así como las instalaciones de una empresa de consultoría con razón social Osaka Consulting, que se ubica en el número 388, interior 102, de la avenida Mariano Escobedo, en la colonia Anzures del DF.
Asimismo, en Tamaulipas han sido cateadas casas y empresas de los presuntos prestanombres Eduardo Rodríguez Berlanga, quien está bajo arraigo, y el empresario Farough Fatemi Corcuera, contra quien existe una orden de presentación y localización y que es considerado otro de los presuntos testaferros que adquirieron con dinero del narcotráfico diversos bienes en México y Estados Unidos, utilizando los sistemas bancarios de ambos países.
CUADRO
•Los ex gobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington y Eugenio Hernández son investigados por presuntos sobornos para proteger las operaciones del cártel del Golfo.
•La DEA confiscó propiedades en Texas que pertenecen a presuntos prestanombres de Yarrington.
•A Hernández le fueron asegurados dos condominios y un departamento de lujo en Cancún.
•Las autoridades de EU acusaron al empresario Fernando Alejandro Cano Martínez de ser el operador financiero de Yarrington.
•La PGR mantiene bajo arraigo a Eduardo Rodríguez Berlanga y al empresario Napoleón Rodríguez, como presuntos “lavadores” de dinero de Tomás Yarrington
Con información del Universal
