Ciudad de México.- El Consejo Consultivo Empresarial (CCE) tuvo una reunión virtual con las organizaciones empresariales y empresarios en México para buscar alternativas económicas que les ayuden a enfrentar la pandemia de COVID-19.

Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, dio a conocer un plan de reactivación económica para los siguientes 90 días, en el que tendrían que trabajar coordinadamente gobierno, empresarios, trabajadores y sector social.

En términos generales se proponen tres cosas:

  • un programa de infraestructura con fondos públicos y privados, es decir asignar a cada estado un gran proyecto de infraestructura
  • Definición y anuncio de proyectos de inversión privada en infraestructura energética
  • Un agresivo programa de exportaciones a Estados Unidos, sustituyendo importaciones chinas hacia ese país
  • Depreciación acelerada para apremiar nuevas inversiones

«Proponemos que este convenio se convierta en un Consejo Económico Permanente, para actuar de forma coordinada entre gobierno, trabajadores sector privado y sector social”.

Aclaró que en ningún momento, las empresas mexicanas han pedido reducción de impuestos o derogación de sus responsabilidades, sino que se les presente un plan concreto con acciones específicas por parte del Gobierno Federal.

“Es imposible atemperar el problema de empleo creyendo que sin inversión privada se puedan construir 2 millones de empleos en nueve meses”.

El presidente del CCE recordó que enviaron a la presidencia de la República un decálogo con diez acciones prioritarias para resguardar al sector empresarial, que debía ser tomado en cuenta por el sector público, pero se ignoró.

Destacó, que en caso de implementar el plan del CCE se permitiría:

  1.  asegurar la estabilidad económica, social y política necesarias
  2.  un buen plan de infraestructura para todo el país
  3.  exportaciones diversificadas y menos concentradas
  4.  una posición fiscal sólida, ya que será posible regresar a un nivel de deuda pública del orden de 45 o 50 por ciento del PIB.

Por otro lado, pidieron que no se penalicen los contratos que no puedan ser concretados en los próximos 90 días, debido a la emergencia sanitaria.

Plan para MiPymes

Se planteó organizar una estructura para que se apoyen a los proveedores mediante el pago a no más de 30 días, además de que las empresas “grandes” podrían adoptar a una micro, pequeña o mediana empresa con apoyos salariales o recursos y, finalmente, se propuso realizar pedidos por adelantado para mantener el flujo económico y cuyos artículos sean entregados después de la crisis.

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