Colima.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima emitió una medida cautelar, en tanto que la Procuraduría General de Justicia del Estado determinó medidas de protección para una trabajadora del Ayuntamiento de Colima que presuntamente fue agredida verbalmente por el jefe de área de Atención y Participación Ciudadana.
La mujer, quien se desempeña como secretaria en el Ayuntamiento capitalino, también presentó una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima con número de expediente CDHEC/075/2018 y fecha del 26 de febrero de 2018.
En esa denuncia señala que el referido comentó delante de sus compañeros y jefe de departamento: “QUE GROSERA QUE NO TENGO EDUCACIÓN QUE MÁS EDUCACIÓN TIENE UNA PUTA”.
Lo anterior por entregar unos documentos sin colgar el teléfono, «cuando yo estaba atendiendo a un ciudadano por teléfono», refiere la denunciante.
Medida cautelar
La Comisión ordenó abrir y registrar un expediente con los hechos narrados por la quejosa, de donde se desprende una posible violación a los Derechos Humanos cometida, presuntamente, por personal del Ayuntamiento.
La CDHEC solicitó al alcalde Héctor Insúa García, como instancia mayor, que rinda un informe donde relate los antecedentes, fundamento y motivación de los actos, junto con un informe de documentos que el acusado crea necesarios, a fin de determinar el seguimiento de la queja.
El pasado jueves 1 de marzo, la Comisión emitió una medida cautelar ante la autoridad señalada como responsable de los hechos por considerar que sí existe una amenaza a los derechos humanos de la quejosa.
“…que de consumarse este podría causar un daño irreparable en la integridad física y/o psicológico a la hora quejosa y derivarse a un daño a su menor hija”.
La Comisión enmarcó la queja en la legislación que protege los derechos de las mujeres y determinó que la violencia que sufrió la víctima es un hecho que no pasa desapercibido.
En consecuencia se emitió la medida cautelar a fin de que el presidente municipal tome las medidas necesarias para proteger la integridad de la víctima de forma inmediata, con el propósito de evitar que se consumen los hechos de violación a derechos humanos.
“Se solicita a las autoridades señaladas como responsable remitir, a la brevedad posible, a esta Comisión las constancias con las que se acredite el cumplimiento de la medida cautelar solicitada.”
Medida de Protección
La Procuraduría General de Justicia del Estado emitió la medida de protección 51/2018 donde determina “la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos, así como el auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio donde se localice la víctima en el momento de solicitarlo”.
La PGJE advierte que el imputado deberá cumplir las medidas de protección, en caso contrario se hará acreedor a la imposición de medidas apremiantes.
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