Colima.- “La infraestructura está rebasada”, dijo en entrevista el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, al referirse a los Centros de Reinserción Social (Ceresos) de la entidad, el pasado sábado 20 de febrero.
“Necesitamos hacer inversiones que nos van a permitir resolver el problema, pero en el mediano y largo plazo, por lo pronto he girado instrucciones para que permanezcan condiciones de seguridad y salud en los internos, y que se mantenga la estabilidad”, indicó el mandatario estatal.
Y es que las tres cárceles de Colima presentan deficiencias graves y la calificación de gobernabilidad es de apenas 6.55, en la escala de 10, de acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014 elaborado por la Comisión Nacional de derechos Humanos (CNDH).
En 2012, los Ceresos registraron una calificación de 7.01, pero su puntaje disminuyó en los últimos dos años durante la administración de Mario Anguiano Moreno. Lo mismo sucedió a nivel nacional, pues la media en el año 2014 fue de 6.02, menor al de 2011 que fue de 6.41; al de 2012, que fue de 6.28, y al de 2013 que fue de 6.10.
Sobrepoblación, hacinamiento y deficiencias en alimentos
En los Ceresos de Colima, Tecomán y Manzanillo, la CNDH identificó sobrepoblación y hacinamiento, deficiencias en los servicios para mantener la salud de los internos y en la prevención y acciones para atender incidentes violentos.
De los aspectos que garantizan una estancia digna, detectó deficiencias: relacionadas con la existencia y capacidad de las instalaciones para el funcionamiento del Centro; en las condiciones materiales e higiene de las instalaciones para alojar a los internos; y en la elaboración, distribución, cantidad y calidad de los alimentos.
Se encontró que falta un manual de procedimientos para presentar quejas, visita familiar e íntima; que hay insuficiente personal de seguridad y custodia, personal femenino, para traslados, cubrir ausencias, vacaciones e incapacidades y falta de suministro de equipamiento.
De hecho, en el Cereso de Colima, la Comisión detectó deficiencias en el ejercicio de las funciones de autoridad por parte de los servidores públicos del Centro, presencia de prostitución, existencia de objetos y sustancias prohibidas, y presencia de cobros por parte de los custodios e internos.
Foco rojo por males hepáticos
Un supuesto brote de hepatitis, que inició el 20 de noviembre de 2015 en el Cereso de la ciudad capital, dejó por lo menos diez muertos por complicaciones hepáticas, de acuerdo a fuentes oficiales, y dejó también al descubierto irregularidades en las medidas de seguridad de la cárcel.
Y es que se detectó una posible aceleración de la sintomatología por el consumo de sustancias ilícitas, las cuales pudieron ser rebajadas o alteradas con materiales o productos tóxicos, que habrían sido introducidas a la prisión de contrabando.
La Secretaría de Salud estatal informó que se aplicó un programa de vigilancia que incluyó pruebas de detección a los reclusos y la atención mediante médicos especialistas, con lo que se controló la situación. Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación de oficio.
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Colima (CEDH), Sabino Hermilo Flores Arias, señaló que se recabó toda la información necesaria sobre las muertes, se procedió a abrir un expediente y se emitieron medidas cautelares dirigidas a la Secretaría de Salud y a la Dirección de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado para que se reforzaran acciones de salud e higiene al interior de dicho centro penitenciario.
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