Colima.- El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Roberto Chapula de la Mora, realiza un estudio para plantear públicamente a los cuatro candidatos a la presidencia de México, establezcan a la ciudadanía y firmen ante un Notario Público, su compromiso del respeto a la Constitución, a los derechos humanos y las garantías constitucionales.
Y es que criticó que en el pasado debate, ni el abanderado priísta Enrique Peña Nieta, ni la panista Josefina Vázquez Mota, el del Movimiento Progresista Andrés Manuel López Obrador y el candidato del PANAL, Gabriel Quadri, tocaron el tema de los derechos humanos.
“No se tocó en el debate, tiene que plasmar el respeto al orden jurídico, a la Constitución Política y el respeto al estado de derecho. En el respeto a la Ley, se respetan las garantías constitucionales y los derechos humanos, pero no lo tocaron”.
Dentro del estudio que realiza para ser presentado a los cuatro aspirantes a la presidencia, Chapula de la Mora detalló que además de abordar el desterrar para siempre la tortura como métodos de investigación, está el tema de justicia y seguridad, problema que aún se sufre en Colima
“Cuando agarran a personas y las detienen, por alguna extorsión o amenaza, y los consignan por robo calificado, precisamente para cancelar la oportunidad que tienen para la libertad bajo fianza”.
A decir del ombudsman colimense, para erradicar estos flagelos de la sociedad se requiere de la voluntad política del presidente o presidenta de la República, para que instruya a los titulares de la Procuraduría General de la República, Defensa Nacional, Secretaría de Marina y seguridad pública federal a respetar la integridad de las personas.
Mientras que para el nivel local, se instruya a los procuradores, a respetar la soberanía de cada estado, para que no utilicen los métodos de tortura para obtener confesiones autoinculpatorias de hechos que no se cometieron.
“Queremos no haya impunidad, queremos que los candidatos se comprometan, sobre todo para desterrar la tortura para siempre, y donde se sancione, penalmente y de forma inmediata, a los funcionarios que torturen para obtener confesión autoinculpatoria de hechos que no se cometieron”.
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