Colima.- Colima tiene ya una ley y un catálogo de derechos y culturas indígenas en la entidad, pues casi 4 mil personas hablan una lengua aborigen.
El Congreso del Estado, con la finalidad de fortalecer los derechos de las comunidades indígenas, aprobó dicha ley y catálogo.
Con la Ley de Derechos y Culturas Indígenas se busca promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria por lo que se obliga a realizar un trabajo coordinado con los estados y los municipios.
Según datos del Censo de Población y Vivienda 2010, realizado por el INEGI, en Colima hay 3 mil 983 personas mayores de cinco años que hablan alguna lengua indígena, lo que representa menos del 1 por ciento de la población de la entidad.
En el estado las lenguas más habladas son el náhuatl, con mil 427 hablantes, mixteco, con 796, purépecha con 405, y zapoteco con 289.
Estos asientos de la población indígena, están situados principalmente en Suchitlán, Cofradía de Suchitlán, Zacualpan, la Nogalera, Pintores uno y Pintores dos, pertenecientes al municipio de Comala.
El Cóbano, en Cuauhtémoc; Tamala, Ixtlahuacán; Zinacamitlán, Chamila, Caután y Jiliotupa, en Ixtlahuacán.
Las Pesadas, El Platanar y Plan de Méndez, en Minatitlán; y Juluapan, en Villa de Álvarez, donde existe presencia Náhuatl y Otomí.
Por ello, el Congreso del estado aprobó la iniciativa, pues con ello ya no solo se estará previendo desde La Constitución Local los derechos al reconocimiento como pueblo o comunidad indígena, sino que también en la ley de la materia, tendrán especial regulación el cúmulo o catálogo de derechos que ahora se les reconoce.
Dentro del catálogo de derechos se establecen que los pueblos o comunidades indígenas que radiquen en el Estado de manera permanente o transitoria, tendrán acceso al reconocimiento como pueblo o comunidad indígena; a la identidad indígena; a la libre determinación; a la autonomía; a aplicar sus propios sistemas normativos; a la preservación de su identidad cultural; a la tierra; de consulta y participación; a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado; y al desarrollo sociocultural y económico.
Los Diputados locales aprobaron estos beneficios, pues se está apoyando de manera importante al desarrollo sociocultural de los pueblos indígenas, dado que con ello se promueve la igualdad de oportunidades de éstos y así eliminar cualquier práctica discriminatoria, estableciendo instituciones y políticas necesarias para garantizar el desarrollo integral de los pueblos y comunidades, mismas que deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.
También se destaca el respeto a las instituciones y normatividad interna de los pueblos y comunidades indígenas en cuanto a la solución interna de sus conflictos, siempre y cuando con ello no se vulneren sus derechos humanos, ni se afecte la integridad y dignidad de la mujer; soluciones que en ciertos casos, como se contiene en la propia Ley, podrán ser avalados por la autoridad jurisdiccional competente.
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