Estados Unidos.- Tras cumplirse el quinto aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aplaudió los recientes pasos del Gobierno mexicano para resolver el caso.
En concreto encomió la creación de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia y el establecimiento de un diálogo regular entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y las familias de los estudiantes, el nombramiento de un nuevo Fiscal Especial a cargo de la investigación y los convenios de cooperación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con las Naciones Unidas.
El representante de la Oficina en México, Jan Jarab, resaltó especialmente el establecimiento de la Comisión Presidencial al considerar que representa “un verdadero cambio de rumbo” que ha propiciado “una relación de confianza entre las familias y el Estado mexicano”.
Consideró de particular relevancia que la Comisión Presidencial abriera espacios de diálogo, que esperan que se profundicen, con la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana y las Fuerzas Armadas.
“Es igualmente relevante que la Comisión Presidencial haya escuchado a importantes ex funcionarios del estado de Guerrero, haya buscado romper el silencio de testigos y presuntos responsables dentro de los márgenes de la ley y que hiciera posible la visita al Batallón militar de Iguala”.
Reconoció también los esfuerzos de las tareas de búsqueda aunque indicó que “no obtuvieron los resultados que merecen las familias.”
Los desafíos de la nueva investigación
Jarab destacó la dificultad a la que se enfrenta la nueva investigación del caso que “sigue dañada por años de irregularidades y acciones de encubrimiento cometidas por las instituciones del Estado mexicano en el pasado, en el afán de construir y defender la desacreditada ´verdad histórica´”.
Agregó que, además, supone un alto grado de dificultad “distinguir las pruebas reales de las fabricadas”.
Jarab subrayó el compromiso mostrado por la Fiscalía General de relanzar el caso y la instó a producir “una nueva teoría del caso”.
Descartar las confesiones bajo tortura
En relación con las nuevas pruebas que evidencian actos de tortura durante la pesquisa oficial, Jarab pidió investigar las graves infracciones contra los derechos humanos ocurridas durante la investigación ministerial, incluyendo los casos documentados en un informe de la Oficina de Derechos Humanos.
Recordó que el Estado mexicano tiene la obligación de excluir del procedimiento penal cualquier prueba obtenida mediante tortura u otros malos tratos y llamó a recabar pruebas que puedan establecer responsabilidades contra los perpetradores del caso.
Por último, la Oficina afirmó que continuará proporcionando asistencia técnica al Estado mexicano en base al acuerdo suscrito en el marco de la visita oficial a México de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, el 8 de abril de 2019. BP
