Colima.- El Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo para que se ejecute una auditoría a todas las asociaciones civiles que reciben recursos del erario público.
Las auditorías las llevará a cabo el Órgano Superior de Fiscalización (OSAFIG), con el fin de transparentar los recursos que reciben las asociaciones y que no existan duplicidad de funciones de las mismas.
El diputado Víctor Vázquez, presidente de la Comisión de Responsabilidades de la 56 Legislatura presentó dicho punto de acuerdo en tribuna, el cual especifica que se podrán realizar auditorías a las sociedades y asociaciones civiles que reciban recursos públicos autorizados previamente en el Presupuesto de Egresos del Estado.
En dicho documento se señala que actualmente son 97 instituciones que han solicitado el apoyo económico del Congreso del Estado para diversas causas sociales, a las cuales se les destina un presupuesto de 17 millones 660 mil 612 pesos.
Por lo que se considera importante, conocer a fondo quienes son dichas instituciones, es decir, por quien son representadas, su domicilio fiscal, su objeto social, en qué aplican el dinero que reciben, además de ser importante y esencial que rindan cuentas del dinero que se les otorga, pues es una obligación de cualquier persona física, moral, educativa, mercantil, civil que reciba y ejerza recursos públicos, dar a conocer a la población en general, en que destinan el dinero que se les otorga.
La función principal del OSAFIG, es la evaluación, control y fiscalización de los recursos públicos Estatales y Municipales, así como los Federalizados mediante convenio con la Auditoria Superior de la Federación (ASF).
El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado rendirá al Congreso, a través de la comisión respectiva, en la forma en que la Ley prevenga, el informe de resultados de la cuenta pública y cada tres meses, el informe de los avances de auditoría que haya practicado.
Por su parte, mediante un comunicado, la asociación civil Bios Iguana aclaró que desde 2007 de manera voluntaria dejó de percibir recursos públicos para el desarrollo de sus acciones, al considerar que el monto de 3 mil pesos mensuales era insuficiente.
Además, esperan que el acuerdo en el Congreso estatal “no sea una trampa o camisa de fuerza para las organizaciones sociales independientes y críticas de la función pública”, a la vez que sospechan sea “un nuevo intento institucional para intimidar a la participación ciudadana”, en cuyo caso lo denunciarán públicamente “a nivel nacional e internacional”.
Derechos reservados AFmedios
{jathumbnail off}
