Colima.- El Congreso del Estado aprobó con 13 votos a favor (12 del PAN y 1 de MC), 11 en contra y la ausencia de Crispín Guerra, el dictamen que propone inhabilitar por varios años e interponer una denuncia penal en contra de Mario Anguiano Moreno, ex gobernador de Colima, así como de cinco ex funcionarios más.
Lo anterior, como resultado del informe de la auditoría excepcional que realizó el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) al uso del crédito por 638 millones de pesos en los últimos meses de la administración anguianista, y en la que, señala el informe, los recursos se utilizaron para fines diferentes a los que estaban destinados.
Inicialmente, el dictamen proponía el embargo precautorio de los bienes de los señalados, pero a propuesta de Humberto Ladino Ochoa, se aprobó retirar esta petición.
El dictamen aprobado propone que a Mario Anguiano, ex gobernador; Rafael Gutiérrez, ex secretario de Gobierno; Blanca Isabel Ávalos, ex secretaria de Administración y Finanzas; Adriana Elizabeth Vargas, directora de Egresos y Jorge Anguiano Olmos, ex director de presupuesto, se les imponga una sanción directa, en partes iguales y subsidiaria para cada uno de ellos, por 638 millones de pesos equivalentes a los daños ocasionados.
También propone para Mario Anguiano, Rafael Gutiérrez y Blanca Isabel Ávalos, una sanción económica directa en partes iguales y subsidiaria para cada uno de ellos por 69 millones 66 mil 97 pesos correspondientes a los perjuicios determinados.
Además, propone a Ricardo Miguel Arteaga González, ex coordinador de Egresos, una sanción económica directa de 12 millones 500 mil pesos.
Se propone además inhabilitarlos en la función pública por los siguientes periodos: 14 años para Mario Anguiano, 6 para Rafael Gutiérrez, 6 para Blanca Isabel Ávalos, 10 para Adriana Elizabeth, 10 para Jorge Anguiano y 6 para Ricardo Miguel Arteaga.
El dictamen faculta a Alejandro García Rivera, presidente de la Comisión de Hacienda, a Leticia Zepeda, presidenta de la Comisión de Vigilancia del Osafig, y al presidente del Congreso, Nicolás Contreras, a interponer de manera conjunta o individual una denuncia penal ante la Procuraduría de Justicia del Estado por el daño a la hacienda pública del estado.
Además, el dictamen plantea crear una comisión para dar seguimiento al cumplimiento de las sanciones.
Sin embargo, aunque el dictamen fue aprobado, ahora corresponde a la Comisión de Responsabilidades, dirigida por la panista Julia Lizeth Jiménez, analizar el documento y elaborar su propio dictamen en el que se defina, si se propone al pleno del Congreso aprobar o no las sanciones propuestas por la Comisión de Hacienda.
En entrevista, Alejandro García Rivera, presidente de la Comisión de Hacienda, afirmó que podrían pasar varios meses para que la Comisión de Responsabilidades presente su dictamen.
«El reglamento nos marca un mes para dictaminar todas las comisiones pero en el caso de Responsabilidades que tienen que desahogar todo un procedimiento con los posibles involucrados, ya les tomaría más tiempo, creo que en dos o tres meses se estaría dictaminando en responsabilidades».
Antes de que se diera a conocer el retiro del dictamen, los diputados realizaron un receso a puerta cerrada de aproximadamente tres horas. Trascendió que la bancada panista buscaba conseguir los 13 votos necesarios para aprobar el dictamen, pues ante la ausencia del diputado Crispín Guerra Cárdenas, se complicaba la obtención de la mayoría.
Al externar su posicionamiento, Santiago Chávez, diputado priísta y vocal de la Comisión de Hacienda, informó que no firmó el dictamen porque el Osafig no acreditó haber notificado a los presuntos infractores, y por tanto, no respetaba el debido proceso.
«Debió haber otorgado ese derecho y llamado a los presuntos implicados para que tuvieran la oportunidad de conocer, informarse poder presentar defensas a su favor».
Juanita Andrés, diputada priísta, también dijo que el dictamen no otorga las garantías de audiencia y debido proceso.
Posteriormente, el diputado Alejandro García afirmó que cuando se debe garantizar el derecho de audiencia y debido proceso es cuando el dictamen pasa a la Comisión de Responsabilidades, siendo este el siguiente paso del Congreso.
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