Colima.- Para disminuir los fraudes electrónicos y los que se hacen vía llamada telefónica, el Congreso del Estado exhortó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNByV) a que conmine a las instituciones financieras, para que implementen métodos de contratación electrónica de bienes más efectivos y seguros.
El exhorto a la CNByV, realizado a través de punto de acuerdo presentado por el Grupo Parlamentario del PRI, señala que el comercio electrónico tiene como forma de pago más popular la tarjeta de crédito, encontrándose instituciones que aceptan pagos con tarjeta sin proveer de seguridad extra la transacción.
El punto de acuerdo señala que esa situación está provocando que los sitios que aceptan información de tarjetas de crédito sin seguridad extra, están tomando el riesgo de posibles fraudes, incluyendo cargos considerables cuando no fueron debidamente autorizados.
Asimismo, el Congreso del Estado destacó el crecimiento del número de llamadas telefónicas de ofertas por parte de las instituciones bancarias para ofrecer diversos servicios, en las que se corre el riesgo de no tener la certeza por parte de la ofertante que quien acepta sea realmente la persona que dice ser.
Señalaron que esa situación puede prestarse a obligar a personas que nunca dieron su aprobación, a contratar servicios con un supuesto banco o institución de crédito que al final pueden resultar un fraude, dado que realizó operaciones comerciales con una persona que usurpó la identidad de alguna empresa o un ciudadano.
Ante estas circunstancias, los diputados estimaron oportuno exhortar a la CNByV, para que conmine a las instituciones adscritas al sistema financiero nacional, a implementar métodos de contratación electrónica de bienes y/o servicios más efectivos y seguros.
También se exhortó a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para que difunda en la población información relativa al uso adecuado y responsable de los servicios financieros y en la medida de lo posible, disminuir la comisión de delitos de fraude o abuso de confianza, que en ocasiones son objeto los usuarios de los servicios bancarios.
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