Colima.- Un año después de que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Congreso local recibió el informe de resultados de la Auditoria Excepcional al gobierno de Mario Anguiano Moreno en los años 2013, 2014 y parte del 2015, la actual Legislatura presentó un dictamen de sanción para el ex mandatario y sus colaboradores.
Los resultados de esta auditoria realizada por el Organo Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) del estado de Colima, se desprendieron de una solicitud aprobada por la LVII legislatura local en septiembre del 2015 ante la sospecha de desvíos de recursos y corrupción en perjuicio de las finanzas estatales correspondiente al gobierno de Anguiano Moreno.
La Auditoria Excepcional el OSAFIG señaló que se había acreditado plenamente que el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima – en los ejercicios fiscales 2013 y 2014 -, generó un desvío de mil 867 millones 696 mil 154 pesos, únicamente en la partida 10000 de servicios personales.
Lo anterior, falseando información contable respecto al origen, registro y veracidad de los movimientos contables así como por distraer los recursos públicos a su objeto público destinado y realizar gastos no previstos en el presupuesto de egresos del estado, que había aprobado este Congreso.
En su dictamen, aprobado hoy en votación unánime, la Comisión de Hacienda propuso en total sanciones económicas resarcitorias directas por un monto de 170 millones 436 mil 609 pesos a 13 ex funcionarios de la pasada administración estatal.
Turnado a la Comisión de Responsabilidades que desahogará los procedimientos de presunta responsabilidad identificada para cada uno de los presuntos responsables, el dictamen aprobado, también propone sanciones económicas resarcitorias solidarias por 79 millones 021 mil 182 pesos para nueve personas morales que fueron proveedoras de productos y servicios en el periodo que comprendió la Revisión Excepcional.
Estas sanciones fueron catalogadas por los grupos parlamentarios de oposición como mínimas, «para todo el daño causado por un gobierno irresponsable que dejó a la entidad sumida no solo en la crisis financiera, sino en una espiral de violencia e inseguridad», dijo Martha Sosa en el uso de la voz en el pleno del Congreso.
Sanciones
Para el ex Gobernador Mario Anguiano Moreno se aprobó proponer una sanción económica resarcitoria directa por 38 millones 570 mil 170 pesos y una inhabilitación de 14 años para ejercer cargos públicos.
Estas propuestas de sanción son por la presunta falta de registro contable a una donación que hizo PEMEX al Gobierno del Estado de 3 mil 400 toneladas de asfalto, 130 mil 200 litros de gasolina magna y 118 mil litros de diesel, en las que presumiblemente se omitió un procedimiento eficaz y transparente para designar las empresas que custodiaron el combustible, además de la falta de control para verificar que sí se hubieran aplicado los combustibles en vehículos del Gobierno del Estado.
También para el exgobernador la Legislatura propuso una sanción económica resarcitoria subsidiaria por 6 millones 578 mil 515 pesos, pues el Informe del Osafig considera que omitió vigilar la comprobación de gastos de un fondo revolvente asignado a Carlos Alberto Ceballos Radillo y Carmen Yolanda Núñez Sosa, su ex secretario Privado y la ex administradora en la Coordinación General Administrativa.
Por esa observación no solventada, el Congreso del Estado propuso sancionar directamente con 4 millones 066 mil 401 pesos a Ceballos Radillo y con 2 millones 733 mil 963 pesos a Núñez Sosa para resarcir el daño, además de una propuesta de inhabilitación por 4 años para desempeñar empleos en el servicio público para el primero y de tres años para la segunda.
Para Anguiano Moreno se propuso también una sanción de inhabilitación por 9 años para ejercer cargos públicos, pues en 2013 y 2014 el Osafig acreditó que el Poder Ejecutivo del Estado erogó en nómina de la burocracia estatal mil 867 millones 696 mil 154 pesos de más a los autorizados en el Presupuesto de Egresos.
Por esa observación que para al ex gobernador se proponen 9 años de inhabilitación, el Congreso propuso sancionar a Jesús Orozco Alfaro, ex secretario de Finanzas y Administración con tres años de inhabilitación, debido a que él ejerció ese cargo de enero a septiembre del año 2013.
Esa misma sanción fue propuesta para Clemente Mendoza Ramírez, secretario de Finanzas y Administración de septiembre de 2013 a septiembre de 2014, y para Blanca Isabel Ávalos Fernández, quien ocupó ese cargo de septiembre de 2014 a noviembre de 2015.
Por esa misma observación, a los ex directores de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Administración, Rogelio Valencia Sánchez, de enero de 2013 al 12 de octubre de 2013; Ignacio Castro Osobampo, del 13 de octubre de 2013 a octubre de 2014, y Gabriel Valdovinos Vázquez, de octubre de 2014 a enero de 2015, se aprobó una propuesta de inhabilitación de un año para ejercer cargos públicos.
Para Jorge Anguiano Olmos, exdirector de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas y Administración de enero de 2013 a julio de 2015, se propuso una inhabilitación de 3 años, por la observación del déficit en la nómina detectado en los años 2013 y 2014.
Mientras que para Xani Citlali Mata Valdez, exdirectora de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Administración del 16 de octubre de 2013 a diciembre de 2014, se propuso una inhabilitación de 1 año para el desempeño de empleos en el servicio público estatal y a Eduardo Camarena Berra, exdirector de Contabilidad de esa Secretaría se aprobó proponer una amonestación pública.
También para Orozco Alfaro el Congreso propuso dos sanciones económicas resarcitorias directas, una por un millón 096 mil pesos y otra por 389 mil pesos.
La primera propuesta de sanción económica resarcitoria directa es por contratar cursos de capacitación del Programa Subsemun 2013, sin exhibir evidencia de la prestación del servicio, y la segunda por autorizar el pago del arrendamiento de un inmueble propiedad de Rebeca Alexandra Herrera del primero de septiembre de 2012 al 30 de agosto de 2013, el cual fue utilizado por la empresa publicitaria “PUBLIPAN”.
Por la misma observación se propuso una sanción económica resarcitoria directa por 194 mil 880 pesos al exsecretario de Finanzas y Administración Clemente Mendoza, monto del arrendamiento pagado del primero de enero al 31 de diciembre de 2014.
También para Celemente Mendoza y para Juan José Alcaraz Robles, ex director del Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento, se propusieron a cada uno una sanción económica resarcitoria directa por 42 millones 753 mil 893 pesos, esto porque el Osafig detectó que los exfuncioinarios gestionaron y autorizaron pagos por un servicio para habilitar 317 espacios públicos con internet mediante la red WiMax y conectar 33 centros de salud con internet, sin existir evidencia de los trabajos efectuados por parte del proveedor.
El Congreso del Estado propuso para Rafael Gutiérrez Villalobos, exsecretario de Fomento Económico y exsecretario General de Gobierno, una sanción de inhabilitación por 3 años y una sanción económica subsidiaria por 7 millones 406 mil 798 pesos, por no abstenerse de participar con tres empresas expendedoras de gasolina con las que tiene relación familiar en primer grado, en la custodia de las donaciones de gasolina y diesel efectuadas por PEMEX y por no acreditar que el combustible se haya aplicado en vehículos del Gobierno del Estado.
Con relación a esa observación, para Carlos Arias Guillén, exdirector General de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano, se propuso una inhabilitación de tres años para ejercer cargos públicos, pues el exfuncionario habría comprobado a PEMEX que el combustible donado fue utilizado en vehículos del Gobierno del Estado, aunque OSAFIG constató que el combustible suministrado a la flotilla vehicular no fue el recibido en donación, sino que fue pagado con recursos del presupuesto estatal.
Para Gustavo Allen Ursúa Calvario, ex secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el Congreso del Estado propuso una sanción económica resarcitoria directa por 32 millones 433 mil 134 pesos.
De acuerdo al Informe del Osafig, Ursúa Calvario habría autorizado pagos para la contratación de cursos, para la instalación de equipos en los sitios de la Red Estatal de Telecomunicaciones, para la actualización de 15 cámaras de video seguridad en el Estado de Colima y 2 nuevas posiciones para Villa de Álvarez y para equipo de cómputo y video del Programa Nacional de Prevención del Delito, sin exhibir evidencia que acredite haber aplicado los recursos en los fines a que estaban contratados.
Presumiblemente se habría cometido esa misma irregularidad en la adquisición de 2 conmutadores para el Centro Estatal de Seguridad y Emergencias de Colima y Manzanillo, en el sistema de videovigilancia del Reclusorio de Prevención de Tecomán, en actividades deportivas para jóvenes de Colima, Tecomán y Manzanillo, en un servicio de atención a consumidores problemáticos y sus familias de Colima, Tecomán y Manzanillo, en el mantenimiento tipo platino a la infraestructura de la Red Estatal de Telecomunicaciones TETRAPOL y en un sistema de videovigilancia de circuito cerrado para el Centro de Reinserción Social de Colima.
El Congreso del Estado propuso para Rigoberto Salazar Velasco, ex secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, una sanción económica resarcitoria directa por un millón 80 mil pesos, por autorizar el pago de mil 600 paquetes de gallinas ponedoras, sin existir evidencia de la recepción de los bienes y su entrega a los beneficiarios.
Para José Santos Juárez, exdirector general de Administración y Abastecimientos y para Adriana Julieta Aguirre Pérez, exdirectora de Adquisiciones, la Legislatura propuso para cada uno sanción económica resarcitoria directa por un millón 096 mil pesos, por autorizar la contratación y omitir los documentos necesarios de un curso de capacitación bajo los programas de SUBSEMUN 2013, del cual no se presentó evidencia que acredite el buen manejo de los recursos del programa.
Las sanciones económicas resarcitorias directas propuestas por el Congreso del Estado para el excoordinador General de Comunicación Social, René González Chávez, son dos, una por 691 mil 801 pesos y otra por 903 mil 498 pesos, ambas por presumiblemente autorizar el trámite de pago de diversas adquisiciones de servicios de publicidad a favor Karewi Viridiana Flores Eusebio, de las cuales no se habría acreditado su efectiva prestación.
Por su parte, para José Fernando Morán Rodríguez, ex secretario de Desarrollo Urbano, el Congreso del Estado propuso una sanción económica resarcitoria directa por 439 mil 511 pesos.
Según el Informe de auditoría excepcional del Osafig, Morán Rodríguez habría gestionado y autorizado el trámite de pago por concepto de suministro e instalación de bastidores y 19 poleas en 137 espacios WIMAX a favor de Karewi Viridiana Flores Eusebio, de las cuales no se acreditó su real y efectiva prestación por parte de dicha persona.
Para el exsecretario de Turismo, Héctor Faustino Sandoval Fierros, se propuso una sanción económica resarcitoria directa de 137 mil 705 pesos, por gestionar y autorizar trámite de pago de unos folletos para promoción turística de Manzanillo, Comala, Colima, Tecomán y Armería a favor de Karewi Viridiana Flores, de las cuales no se acreditó la prestación por parte de dicha persona.
Santiago Chávez Chávez, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, dijo que las propuestas de sanción que el Congreso aprobó para ex funcionarios estatales, derivadas de la Revisión Excepcional al Poder Ejecutivo de los años 2013, 2014 y al 31 de agosto de 2015, son las sugeridas por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental.
El legislador dijo a quienes esperaban propuestas de sanciones económicas mayores, que éstas han sido avaladas de acuerdo a los hechos identificados en el Informe de Resultados del OSAFIG, las cuales tienen por objeto subsanar el monto de los daños y perjuicios estimables en dinero que se hayan causado a la hacienda pública.
“Entiendo que la sociedad y algunos de mis compañeros diputados quieran propuestas de sanción que generen impacto social, pero lo que hicimos hoy fue proponer sanciones de manera objetiva respecto de los hechos de presuntas irregularidades identificadas por el OSAFIG, con base en la muestra auditada”, aclaró.
Explicó que querer proponer sanciones que no están identificadas en el Informe de Resultados sería mentirle a la sociedad.
“Si no hay propuestas de sanción más elevadas es porque la muestra auditada por el OSAFIG se limitó a los conceptos señalados por los entonces denunciantes”, conceptos que ya he referido.
En ese sentido, Santiago Chávez informó que la auditoría excepcional tuvo origen en la denuncia presentada en octubre de 2015 por diputados de la anterior Legislatura Local sobre dos puntos: presuntos desvíos de fondos del presupuesto de egresos del Estado de 2013, 2014 y al 31 de agosto de 2015 a fines distintos al de su aprobación, y la presunta simulación de reintegros a Fondos Federales de los ejercicios fiscales 2014, 2013 y anteriores.
Apuntó que si la muestra auditada fuera más amplia y el OSAFIG hubiera señalado más situaciones de presuntas irregularidades, “entonces estaríamos ante un dictamen con más propuestas de sanción”.
“En síntesis, si no hay propuestas de responsabilidad como algunos de nosotros quisiéramos, es porque el OSAFIG, como es debido, se limitó en su auditoría a los hechos que formaron parte de la denuncia de Revisión de Situación Excepcional».
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