Por: Héctor A. Romero Fierro
Apenas felicitábamos al gobernador Alfaro por el buen manejo de la pandemia, pero ahora dos cosas debemos criticarle: la impresionante cantidad con la que endeudarán sin urgente necesidad a Jalisco y el reiterado manejo de reparto de cuotas en el Consejo de la Judicatura del Estado, donde el CPS del Sistema Estatal Anticorrupción queda de simple adorno en la elección de los tres Consejeros (dos ciudadanos y un juez) que tienen que ser electos como integrantes del Consejo de un Poder independiente (en teoría) como debería ser el Poder Judicial, pero como se puede ver desde fuera, las tres posiciones ya están acomodadas en un claro reparto de cuotas que antes tanto criticaban nuestros amigos de Movimiento Ciudadano.
Entre los aspirantes hay gente muy valiosa que sueñan que el proceso será limpio y transparente y se inscribieron para aportar algo a la verdadera impartición de justicia y otros que de plano andan desesperados buscando trabajo en lo que sea, cada que se emite alguna convocatoria, así sea para el servicio de limpieza los vemos concursar siempre y sin posibilidad alguna.
Los ciudadanos de a pie confiábamos que a esos cargos debería llegar la gente más capacitada y sin nexos con los grupos de poder, pero parece que en este sexenio tampoco podremos, a pesar de que nos lo prometieron, que esos repartos de cuotas no se repetirían, el día de hoy ya abiertamente señalan quienes son los que, independientemente de la evaluación del CPS que acaba emitiendo nuevamente una vil recomendación no vinculante, serán los beneficiados con ese anhelado hueso, esperaríamos aún se impusiera la cordura.
El ilegal, inconstitucional y regresivo “Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, mediante el cual la Secretaría de Energía (Sener), asume en su totalidad el control del Sistema Eléctrico Nacional, le permite dar prioridad a las plantas de la CFE y limitar a las generadoras de energía renovables, frenando las inversiones en esas plantas, hecho violatorio de Tratados Internacionales y de la Ley de Transición Energética, Ley General de Cambio Climático así como la Ley de la Industria Eléctrica.
El acuerdo avalado por el presidente Manuel Andrés López Obrador MALO, en realidad no tiene nada que ver con el rescate de la soberanía eléctrica, solo intenta rescatar, a costa de nosotros los usuarios, una industria ineficiente, obsoleta y cara. Los inversionistas privados generaban cerca del 50 por ciento del consumo nacional, a precios exageradamente más bajos que los de la CFE. Pero en algún lado tienen que quemar el combustible de Pemex que ya no tiene mercado, y los ecologistas calladitos, calladitos.
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos IMCP, le dijo al presidente: “estamos preocupados por el rumbo de la economía de México, al dar la impresión de estar encaminados a un modelo de Estado rector autárquico, lo cual implica un retroceso para nuestro país”. Afortunadamente los juzgados de Distrito empezaron a conceder suspensiones en juicios de amparo interpuestos por los afectados por el acuerdo, que de acudir a juicios arbitrales obtendrán indemnizaciones enormes.
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