JALISCO.- Los actos de investigación realizados por la Fiscalía Especial Regional del Distrito IV con sede en Ocotlán permitieron que fuera vinculado a proceso un contador público identificado como probable responsable de diversos delitos en agravio de una empresa que se dedicaba a la producción de lácteos, y a la cual, presuntamente causó pérdidas estimadas en 10 millones de pesos que la llevaron a la quiebra.
Por lo anterior, esta representación social recomienda a las empresas y ciudadanía en general extremar precauciones y buscar ayuda de un profesional certificado, ya que disminuye la probabilidad de ser víctima de un fraude fiscal o cualquier otro delito. En nuestro país existe el Instituto Mexicano de Contadores Públicos que obliga a estos profesionistas a cubrir un mínimo estandarizado de conocimientos y ética profesional, como educación, actualización y especialización.
La presente indagatoria permitió establecer que el contador público de nombre Juan Manuel C., fue contratado de forma verbal por la parte afectada desde el año 2009 para que llevara la contabilidad de la empresa de referencia, la cual se ubicaba en ese entonces sobre la carretera Ocotlán – Tototlán, en el municipio señalado en primer término.
Sin embargo dicha persona al parecer fue negligente ya que no presentó las declaraciones en tiempo y forma ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), lo que produjo en el año 2012, un crédito fiscal deudor en la empresa en mención por 9 millones 500 mil pesos en multas y recargos, por lo que a la persona moral le fue embargada una parte de su equipo para la producción de lácteos.
La parte agraviada formalizó el contrato de prestación de servicios con el contador público Juan Manuel C. en julio del 2015, en donde además de tener como objeto la responsabilidad de llevar la contabilidad para combatir el injusto ante los Tribunales Federales competentes, le pagó por dichos servicios profesionales la cantidad de un millón 599 mil 960 pesos.
Sin embargo, el profesionista al parecer subcontrató a otros dos abogados especializados en derecho fiscal para que a su vez combatieran la resolución del referido crédito fiscal. No obstante, éstos renunciaron al cargo de manera injustificada, lo que trajo como consecuencia que la empresa afectada perdiera la acción intentada y la quiebra.
Una vez que la denuncia fue presentada, esta representación social llevó a cabo las diligencias correspondientes al caso que permitieron obtener datos de prueba en contra de Juan Manuel C. en la que se acreditó que presumiblemente obtuvo un lucro indebido y la probable comisión de diversos delitos, por lo que la carpeta de investigación fue judicializada.
En fechas recientes el Juez de Control ordenó la comparecencia del individuo mediante cita, por lo que el Ministerio Público lo imputó por responsabilidad profesional y técnica así como fraude genérico; el órgano jurisdiccional lo vinculó a proceso por dichos delitos y le dictó medidas cautelares diversas a la prisión, entre ellas la prohibición para aproximarse a las personas agraviadas así como la comparecencia ante la autoridad competente, entre otras, durante un año.
La Fiscalía del Estado prosigue con la indagatoria complementaria del caso y reitera su compromiso para investigar los delitos que se cometen para hacer valer el estado de derecho y evitar la impunidad.
Además, recomienda a las empresas y la ciudadanía en general, contratar a profesionales certificados para evitar un fraude fiscal y nunca pagar impuestos a través de terceros, además de revocar y renovar los accesos electrónicos al cambiar de contadores.
También es conveniente respaldar la información electrónica e impresa de la información contable y revisarla periódicamente en los médicos electrónicos del SAT, lo que le permitirá al contribuyente verificar su estatus, obligaciones fiscales y datos enviados, entre ellos declaraciones presentadas y acuses, entre otros trámites. Ante cualquier duda, es importante preguntar a la instancia competente.
