Colima.- El caso de una menor de 13 años originaria de Manzanillo, ha generado ‘controversia’ entre el Instituto Colimense de la Mujer y el Observatorio Ciudadano para el Seguimiento de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Colima.
Mientras que para el primero la situación se aborda como trata, para el segundo organismo es desaparición forzada.
María Elena Ruíz Visfocri, integrante de la coordinación general del Observatorio, dio a conocer en rueda de prensa que desde el 13 de febrero, José Luis y Yarely refieren que su hija Cristina no está con ellos.
De acuerdo a investigaciones del Observatorio, el Gobierno del Estado de Colima, a través del Instituto Colimense de la Mujer, se llevó a la niña a un albergue por haber presentado signos de trata.
Ruíz Visfocri dijo que desde hace un mes el ICM no ha dejado que los padres vean a su hija y no les han dicho en dónde está el albergue.
“Lo único que permitieron es que hablarán una vez, pero no se tenía una identificación y tampoco la menor presentó un asesor jurídico, se están violentando sus derechos”.
El Observatorio establece que este caso es una desaparición forzada por parte de la Unidad de Víctimas de Trata de Personas, que desde el principio no dio información del paradero de la niña, aún cuando los padres, junto con personal de la Marina la buscaban.
Ruiz Visfocri dijo que tanto el ICM, DIF y la Procuraduría General de Justicia del Estado, les han dado largas para proporcionar información.
“Estamos pidiendo al Gobernador que entregue a la niña a los padres, que los padres puedan ver que la niña está viva y que sancione como dice la Ley a todos los funcionarios que han intervenido en esto”.
Al cuestionar a los padres si sabían que su hija fuera víctima de algún maltrato, el señor José Luis señaló que su niña era muy sensible.
“La amiga de ella es muy abierta, tiene 16 años, se juntaba con ella en el recreo, la llevaba a la escuela a veces que yo no podía, ella tiene a su marido, él tiene tres mujeres y la señora (amiga de Cristina) le aplaude eso, ahí vio otro mundo y yo creo que por eso (se consideró que era víctima de trata)”.
AFmedios dio a conocer en días pasado que en Colima había tres carpetas de investigación por trata de personas en las que estaban involucradas mujeres, aunque no se estableció si Cristina se encuentra entre ellas.
Este mismo martes el gobierno del estado informó del caso y señaló lo siguiente:
«Con relación a la supuesta desaparición de una menor de 16 años, que denunció públicamente Adriana Ruiz Visfocri, como representante del Observatorio Ciudadano de la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres, en la que involucra a diferentes instituciones del gobierno del Estado, se hacen las siguientes puntualizaciones».
«Es falso que la menor esté desaparecida. En atención el principio de máxima protección a que están obligadas todas las autoridades, la adolescente de referencia se encuentra en resguardo protegido, a disposición de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, bajo una medida dictada por la Procuraduría General de Justicia, y de ello tiene conocimiento la familia y la denunciante».
«Denuncias ciudadanas alertaron a las autoridades sobre la situación de violencia que estaba viviendo la menor, y por ello, en cumplimiento a las obligaciones establecidas en la ley, se procedió a su resguardo y protección conforme a los protocolos y privilegiando en todo momento la atención a la violencia de género y el interés superior de la niñez».
«La integridad física y emocional de la menor de edad se encuentran garantizadas».
«Es lamentable que la abogada denunciante haya hecho pública información que es parte de la indagatoria que inició el Ministerio Público, y que de acuerdo a la Ley debe mantenerse en secrecía; incluso resulta inaceptable que haya revelado el nombre de una menor, trasgrediendo su derecho a la intimidad y la no revelación de datos personales en los medios de comunicación».
«El Gobierno del Estado continuará los procesos legales que corresponden, para esclarecer este caso a través de las instancias involucradas, evitando así que estos hechos queden impunes, y reafirmando su postura de cero tolerancia frente a la violencia que se ejerce contra las mujeres, y el compromiso de aplicar los mecanismos de protección».
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