Por Héctor Romero Fierro
El gasto federalizado se realiza a través de los recursos que la federación transfiere a los estados y estos a los municipios por medio de participaciones, aportaciones, subsidios y convenios, siendo los más representativos los dos primeros rubros.
Las participaciones son recursos no condicionados que pretenden resarcir a las entidades su aportación a la recaudación del Sistema de Coordinación Fiscal.
Por su parte, las aportaciones son recursos condicionados o, como coloquialmente decimos, “etiquetados”, para emplearse en entidades donde exista rezago en rubros de educación, salud, seguridad, entre otros.
Pero, ¿qué es lo que se distribuye?. La “recaudación participable”, se integra por lo obtenido de impuestos exclusivos de la federación, como derechos de minería, comercio exterior y petroleros, mismos que se distribuyen aunque no exista coordinación tributaria, pero también ISR, IVA e IEPS, los cuales se distribuyen al renunciar los estados a su recaudación en el marco del sistema de coordinación.
No obstante, es tal la discrecionalidad de algunos fondos que la SHCP puede redistribuir una parte de los recursos sin que el gobierno federal aporte un solo peso adicional, llevándolos a entidades elegidas por el presidente por motivos principalmente electorales. En mi rancho esto es conocido como “saludar con sombrero ajeno”.
Considerando injusto este modelo, algunos gobernadores han manifestado su inconformidad, planteando incluso la posibilidad del abandono del Sistema de Coordinación Fiscal, pero un análisis efectivo de la conveniencia que le represente a cada una de estas entidades se antoja complejo a primer momento, a pesar de su viabilidad jurídica, principalmente por las notables asimetrías que presentan.
De estas entidades, dos representan para la recaudación de ingresos tributarios un monto muy superior a lo que reciben de gasto federalizado total.
De acuerdo a datos del INEGI, durante 2017 en Nuevo León, la federación recaudó $256,623 millones de pesos, ejerciendo ese mismo año por concepto total de gasto federalizado solo $68,822 millones.
En Tamaulipas, un estado con relativamente bajo PIB, la recaudación alcanzó $228,214 millones de pesos, aunque recibió apenas $52,148 millones.
Contrastantemente, Coahuila y Jalisco han gastado una cifra superior a su participación en la recaudación.
En efecto, en Jalisco que tiene uno de los mayores PIB del país, se recaudaron $86,737 millones de pesos. No obstante, ese mismo año ejerció gasto federalizado por $100,141 millones.
A su vez, Coahuila significó una recaudación de $39,343 millones, pero gastó $42,047 millones.
Sin embargo, más allá de la posibilidad de que diversas entidades dejen el sistema de coordinación establecido por una ley que data de 1979, ante el galimatías que implicaría la necesidad de crear nuevos impuestos locales y ante la posibilidad de incurrir en fenómenos de doble tributación, la realidad es que, una vez que las cosas regresen a la normalidad, un replanteamiento del federalismo hacendario será urgente y prioritario.
El país será uno antes de la pandemia y otro después de que concluya, lo cual indudablemente comprende la política fiscal del país, ya que que esta es uno de los elementos esenciales de la justicia social, al incidir de manera directa e inmediata en la redistribución de la riqueza.
El punto de partida hacia este objetivo debe ser una “Convención Nacional Fiscal” (celebradas ya en 1925, 1933, 1947 y 2004) donde participen, además de los representantes de cada una de las entidades federativas y el gobierno federal, instancias legislativas, municipios y el sector académico, ya que implica no solo modificar las fórmulas de reparto existentes, sino que probablemente resultará en reformas de orden constitucional que restructuren los principios tributarios y replanteen las potestades de cada nivel.
En este ejercicio se deberá evitar que las facultades recaudatorias de cada estado se vuelvan nugatorias, considerar las desigualdades tan contrastantes en el país, así como asegurarse una mayor distribución de participaciones a las entidades que mayor representatividad tengan para la recaudación, sin embargo, no debe soslayarse la importancia de cada estado para la economía, considerando que en algunas entidades se desarrollan actividades con incentivos fiscales por su relevancia social.
Uno de los puntos más endebles y limitantes del actual modelo fiscal es la absoluta dependencia de los municipios y entidades federativas en el gasto federalizado. En 2018, los ingresos de Jalisco provenientes de recaudación propia tan solo representaron el 8.5% del total de ingresos, siendo el resto gasto federalizado. Los municipios no son ajenos a esta lógica.
Ahora, no podemos perder de vista que el ciclo presupuestario no involucra únicamente la recaudación tributaria, por lo que el nuevo pacto hacendario deberá contemplar controles novedosos que eliminen la descarada discrecionalidad en la ejecución del gasto público, priorizando la absoluta transparencia y rendición de cuentas, eliminando la práctica, cada vez más frecuente, de reservar expedientes para imposibilitar el escrutinio público.
En teoría somos un país de corte federalista, integrado por estados libres y soberanos, pero en realidad cada día se centralizan más las decisiones por parte de la presidencia de la República.
México tradicionalmente ha sido objeto de ultrajes desde la periferia, donde los gobernadores han actuado arbitrariamente, sin embargo, la solución no es el hacha del centralismo, sino que deben asegurarse mecanismos que permitan evitar abusos de las entidades, pero también de la federación.
Como ejemplo basta analizar la verdadera farsa del mal llamado “Federalismo Educativo” que generalmente provoca dolores de cabeza a los estados. Este centralismo ha causado un aplastante control político del gobierno federal sobre los estados, limitando su desarrollo, inclusive el democrático.
Salir del convenio, de acontecer, no es catastrófico como muchos lo han señalado, Jalisco saldría ganando, pero tampoco es la solución a este dilema de acción colectiva. La federación y el conjunto de los estados ganarían con un modelo más equitativo y que se ajuste a la nueva realidad social del país. Sin lugar a duda pronto deberán sostenerse amplias negociaciones entre todos los niveles de gobierno.
