México.- La administración estatal de Morelos, encabezada por Margarita González, ha iniciado acciones legales contra funcionarios de la gestión de Cuauhtémoc Blanco, presentando denuncias que involucran presuntas irregularidades por 40 millones de pesos, cuando menos al inicio de las acusaciones.
Sin embargo, según datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y una investigación de El País , esta cifra podría ser solo una pequeña parte de un desfalco mucho mayor, que superaría los 3 mil millones de pesos durante el periodo 2019-2023.
Los hallazgos de la ASF revelan un patrón de irregularidades en áreas críticas como salud, educación, obra pública y fideicomisos. En 2019, por ejemplo, se documentó la compra de medicamentos por 206 millones de pesos sin prueba de entrega, así como el pago de 28 millones en salarios a maestros fallecidos o con licencias sin goce de sueldo.
El caso del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo ejemplifica el manejo opaco de recursos. Según Roberto Salinas, de la ONG Morelos Rinde Cuentas, esta institución ha operado sin transparencia y ha ignorado solicitudes de información desde 2020.
A pesar de las graves acusaciones, el exgobernador Cuauhtémoc Blanco, ahora diputado federal por Morena, mantiene silencio. Su fuero legislativo y el respaldo político de su partido han complicado los intentos de llevar ante la justicia. La postura del gobierno actual genera interrogantes: ¿llevarán las investigaciones hasta las últimas consecuencias o evitarán comprometer a figuras de alto rango?
Roberto Salinas advierte que la magnitud del daño podría ser aún mayor, ya que existen presupuestos fuera del alcance de las auditorías de la ASF. Por su parte, Gerardo Becerra, antiguo asesor anticorrupción en el gobierno de Blanco, lamenta la falta de voluntad política para procesar al exgobernador.
El panorama de las auditorías pinta un manejo desordenado y opaco de los recursos durante el gobierno de Blanco, donde destacan la asignación directa de contratos, adjudicaciones a empresas sin experiencia y construcciones inconclusas. Solo en 2019, se registraron 2,200 millones de pesos en gastos sin justificar, distribuidos entre dependencias como la Comisión Estatal de Agua y el Instituto de Educación Básica.
La opinión pública y organizaciones civiles coinciden: el combate a la corrupción debe ir más allá de los discursos. La administración de González tiene la oportunidad de demostrar su compromiso con la transparencia y la justicia, un reto que marcará el futuro político del estado.
Con información de El País
