Los familiares de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, siguen esperando que el Estado mexicano cumpla «a cabalidad» con la sentencia que emitió hace un año la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
La Corte declaró culpable al gobierno por no garantizar la «vida, integridad y libertad» de las víctimas, por discriminarlas y dejar impunes sus crímenes; en el caso de tres de las ocho mujeres que fueron torturadas, violadas y asesinadas en 2001 y cuyos cuerpos fueron hallados en un campo algodonero de Juárez.
Esta sentencia del 10 de diciembre de 2009, conocida como Campo Algodonero, condena la negligencia de las autoridades locales, obliga al Estado a asumir su responsabilidad, pedir perdón, crear un protocolo para la investigación de estos casos, indemnizar a los familiares, retirar a los funcionarios que no actuaron conforme a sus obligaciones, abrir nuevas líneas de investigación y condenar a los responsables de los asesinatos.
De las 15 disposiciones a cumplir, oficialmente, sólo una está terminada: la publicación de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación.
Otras dos están en proceso: la indemnización y la construcción de un memorial.
El Estado mexicano tenía como plazo un año para cumplir varios de estos puntos tras la sentencia. Otros, como la capacitación de funcionarios en cuestiones de género, pueden esperar hasta tres años.
«No me interesa la indemnización, es lo de menos. Pero no quiero morirme y saber que los culpables de la muerte de mi hija siguen libres. No quiero que nadie más sufra la angustia que yo sufrí porque los policías no saben hacer su trabajo», dice Irma Monreal, madre de una de las víctimas involucradas en la sentencia histórica.
Irma cuenta que, en octubre pasado, sintió «terror» al imaginar el sufrimiento de su hija Esmeralda hace nueve años, cuando desapareció al salir de su trabajo en una maquiladora.
La madre, de 57 años, narra que esperaba el autobús que la llevaría a su trabajo en El Paso, Texas, cuando un hombre intentó meterla a un automóvil con jaloneos, pero se frustró cuando las personas que también esperaban el transporte se alarmaron con sus gritos.
«Todos los recuerdos volvieron. Imaginarme lo que debió sufrir mi niña me dejó deprimida. Ya no quería salir de mi casa, nada más que soy la única que trabajo y no puedo quedarme encerrada, segura», cuenta en entrevista.
El cuerpo de su hija fue encontrado nueve días después de su desaparición. Desnudo, con las manos amarradas, un seno mutilado y el pezón del otro arrancado. Su rostro era sólo una osamenta y las autoridades tardaron cuatro años en cerciorarse de que era ella, porque las pruebas de ADN se perdieron varias veces o se contaminaron.
«En todo ese tiempo tuve la angustia de no saber si era mi hija, pensando que Esmeralda podía seguir viva pero ya nadie la estaba buscando, y pensando que ella todavía estaba sufriendo», dice Irma.
Según la red de organizaciones Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, entre 1993 y 2003 fueron asesinadas más de 400 mujeres por violencia de género en esa región. En 2009 asesinaron a 130, y en lo que va de 2010 la cifra alcanzó ya 150.
Una lucha en solitario
Irma, junto con las madres de dos de las ocho mujeres asesinadas y enterradas en el campo algodonero emprendieron una batalla solas.
Mandaron una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exponiendo su caso: la escribieron «con ignorancia y faltas de ortografía», se disculpan. Uno de sus abogados les había hablado de esta alternativa cuando llevaron el juicio ante tribunales mexicanos. No pudieron costear los servicios de defensa y entonces tomaron la decisión de hacerlo por su cuenta.
El campo algodonero es un inmenso terreno árido e infértil. La mayor parte es propiedad privada, donde se han construido hoteles y centros comerciales. Sólo una fracción, que era propiedad de la Comisión Nacional del Agua, será utilizada para construir un memorial en honor a las víctimas, como lo establece la sentencia internacional, para homenajear a todas las mujeres juarenses víctimas de la violencia.
Los términos del fallo ordenan a las autoridades consultar a los familiares de las víctimas sobre cómo tendría que ser este memorial. Las autoridades municipales publicaron una convocatoria en diarios impresos para que la población opinara al respecto.
No obstante, el secretario del ayuntamiento de Ciudad Juárez, Héctor Arcelus, reconoce en entrevista que nunca se estableció contacto con las víctimas y sus representantes.
La sentencia también va dirigida al gobierno federal y le exige ofrecer una disculpa pública a los familiares por las omisiones judiciales del caso.
La construcción del memorial tendrá un costo de 16 millones de pesos; la Secretaría de Gobernación aportaría 10 millones y el gobierno del estado de Chihuahua 6 millones.
«Tendría que ir el propio presidente Felipe Calderón a pedir perdón, pero no. Van a mandar a cualquier subsecretario a anunciar algo de lo que no nos avisaron. Ninguno de los familiares se va a presentar al evento», dice Karla Michel Salas, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, que asumió la defensa de las tres mujeres.
La secretaría de Gobernación difundió el viernes que el acto público de reconocimiento de responsabilidad se realizará e 8 de marzo de 2011, por decisión de las familias.
La respuesta del Estado Mexicano
La Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió también a las autoridades mexicanas hacer un registro con información genética de las mujeres desaparecidas, además de capacitar a sus funcionarios para que las víctimas «no enfrenten la negligencia» que sufrieron Irma y las otras dos madres.
La Procuraduría de Chihuahua tiene en su sitio de Internet fotografías y datos de mujeres desaparecidas, pero no información genética ni un registro del número de cuerpos encontrados.
La secretaría de Gobernación anunció el 29 de julio «avances en el cumplimiento de esta sentencia», con su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Laura Carrera, encargada de la Comisión Nacional para Prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) de la secretaría de Gobernación, dijo que el gobierno federal mantiene el contacto con las autoridades estatales para dar cumplimiento a la sentencia.
Incluso, dice, se elabora una campaña de concientización entre empleados del gobierno municipal y otra de prevención para la población en general, que próximamente se dará a conocer.
Pero los abogados de las familias afectadas dicen que han sido medidas insuficientes.
«Todos los puntos de la sentencia los han cumplido a medias o mal, el banco nacional de información genética está incompleto, no sirve para encontrar los cuerpos», dice Karla Michel.
Laura Carrera admite que no hay manera de medir el alcance de los feminicidios en el país, menos de realizar una base de datos completa. «Si las autoridades estatales no colaboran, porque legalmente no existen los feminicidios, nunca sabremos el verdadero tamaño del problema».
De no cumplir sus obligaciones, el Estado mexicano se hace acreedor a señalamientos y llamados de atención por parte de la CoIDH, pero no existe otro tipo de sanciones.
«El dolor destruye familias»
Irma y su familia viven en una colonia popular. Si de algo le servirá el dinero de la indemnización, según dice, será para dejar la ciudad, esa que «apesta a puro muerto».
Ella aún tiene dos hijos, los mismos que trataron de quitarse la vida cuando Irma lidiaba con su propia depresión por la desaparición de su hija.
Reconoce que los especialistas de la Secretaría de Salud estatal los han atendido a nivel psicológico y psiquiátrico, cuando los recursos ya no son suficientes para pagar los médicos.
«El dolor te puede volver loco, destruye familias y vidas enteras. Ya lo único que quiero es que ninguna de mis hijas, ni yo, ni ninguna madre o muchachita en Juárez, pase por el mismo infierno», dice.
Estado mexicano tenía que cumplir con varios de estos puntos en el primer año después de la sentencia. Otros, como la capacitación de funcionarios en cuestiones de género, pueden esperar hasta tres años.
Con información de CNN.
