Casos como el de la francesa Florence Cassez y el ocurrido en Chihuahua, donde se puso en libertad a un hombre que aceptó su culpabilidad, “requieren que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dé muestras claras de hacia dónde debe ir nuestro país en materia de Derechos Humanos”, dijo en entrevista el académico de la Universidad Iberoamericana Humberto Enrique Ruiz Torres, durante su estancia en la Universidad de Colima.
Añadió que el término de Derechos Humanos ha sido entendido de distintas formas por los jueces: “para unos significa la dignidad inherente que tiene el hombre, pero para otros el que las autoridades, en general los policías y los agentes de aduanas tienen que subordinarse a los criminales”.
Ejemplo de ello dijo, son los casos de Florence y de Chihuaha, donde los juzgadores consideraron que había una afectación a los derechos fundamentales de los delincuentes,.
Entonces, preguntó, “¿qué es más importante, que a un imputado se le libere por decir que hubo una afectación a sus derechos fundamentales, a lo que ahora se llama debido proceso (concepto del que tampoco estoy muy de acuerdo); es decir, que se respeten una serie de formalidades durante un proceso, o que se protejan los derechos de las víctimas. Creo que es evidente que hay un choque en muchos casos, en los cuales debe prevalecer el interés de la sociedad en su conjunto, sin hacer un escándalo de estas situaciones”.
Compartió que si bien es cierto que hace unas semanas se emitió una tesis en la que se explica la forma en que debe entenderse la aplicación de estos derechos desde la Constitución y desde los tratados internacionales, “el juzgador sólo debe confrontar la Constitución y los tratos internacionales cuando haya una sospecha de violación, ya que entrar en el terreno de las sospechas es terminar con toda la seguridad jurídica”.
Por eso, insistió, “desde la Corte se deben dar muestras claras al respecto”, pues para Ruiz Torres, el hecho de incorporar conceptos ajenos al derecho nacional se relaciona con “el enorme desprestigio del estado mexicano, que en lugar de darles credibilidad lo que hace es decir: ‘me someto a los tribunales internacionales’, que son ajenos”.
“Me parece claro –agregó– que el poder más transparente que existe en nuestro país es el Poder Judicial, que tiene que comenzar a dar señales claras de hacia dónde debemos caminar”.
Además, comentó que la Corte debe conocer “sólo temas de Constitucionalidad y resolver selectivamente asuntos”, pues de acuerdo con el último informa del presidente de la SCJN, se resolvieron 14 mil asuntos en 2015; “esto es, que se ha llenado de trabajo infecundo, mientras que con la misma estrategia que le copiamos a los Estados Unidos, ellos resolvieron 63 asuntos, entonces hablamos de calidad y no de cantidad”.
Esto es, “que haya una verdadera reforma e incluso en los acuerdos de la Corte, para dar criterios y bases claras para poder resolver los asuntos que tengan una verdadera transcendencia”, finalizó. BP
