Con 23 votos a favor y 17 en contra, el comité dominado por la mayoría republicana ignoró el anuncio previo del gobierno de Barack Obama, quien invocó su fuero ejecutivo para impedir la entrega de los documentos sobre la polémica operación que permitió el tráfico ilegal de unas 2 mil armas a México en 2009. Es la primera vez que Obama hace uso de este privilegio, que permite al Ejecutivo ocultar información al Congreso por razones de seguridad nacional.
Holder calificó de “falsas” e “insustanciales” las acusaciones en su contra. Tras el voto en el comité, el líder de la mayoría republicana en la Cámara Baja, John Boehner, podría someter la próxima semana a consideración del pleno la votación contra Holder. Si, como todo parece indicar, el fiscal es declarado en desacato, el caso pasaría a una corte del Distrito de Columbia, donde se iniciaría un lento proceso de resoluciones y apelaciones en el curso de los próximos meses, antes de desembocar (posiblemente) en la Suprema Corte.
El comité, que se reunió por más de cinco horas, no sólo hizo valer la amenaza de desacato contra Holder, sino que puso en duda la “validez” del privilegio ejecutivo presentado por la Casa Blanca para proteger las comunicaciones internas y documentos que sustentan su investigación para tratar de deslindar responsabilidades en el escándalo de “Rápido y Furioso”.
Tras 16 meses de investigaciones y agrias disputas, la comisión insistió en que el Departamento de Justicia tendría que entregar los más de 140 mil documentos que integran la investigación de “Rápido y Furioso”. Hasta ahora, el Departamento de Justicia sólo ha entregado 7 mil documentos.
Durante un agrio intercambio de acusaciones y reproches, el presidente del comité, Darrel Issa, consideró “inoportuna” la invocación del fuero ejecutivo. “Hasta ahora, todos creían que las decisiones relativas a ‘Rápido y Furioso’ estaban confinadas al Departamento de Justicia. La decisión de la Casa Blanca de invocar el privilegio ejecutivo implica que los funcionarios de la Casa Blanca estuvieron implicados en la operación o en el encubrimiento posterior”, lanzó el secretario de prensa de Boehner, Brendan Buck.
En el mismo sentido, el republicano de más alto rango en el comité senatorial de justicia, Chuck Grasseley, se cuestionó: “¿Qué es lo que quiere ocultar la administración Obama con esta maniobra? Me parece que con este intento, lo único que han hecho es sembrar más dudas”. La minoría demócrata acusó a la mayoría republicana de proseguir con una “cacería de brujas” en plena campaña electoral.
“Estoy muy decepcionado con la actitud mostrada por el presidente del comité que, a pesar de haber recibido las garantías de una mayor colaboración del fiscal general, insiste en su amenaza de desacato”, dijo el demócrata de mayor rango en el comité de supervisión, Elijah Cummings. A su vez, la demócrata por Nueva York, Carolyn Maloney, acusó a Issa de explotar mediáticamente el escándalo de “Rápido y Furioso” mientras obstaculiza y evita a toda costa discutir de reformas que permitan frenar el tráfico y la venta de armas a países como México.
Con información del Universal
