El presidente Felipe Calderón dejará al término de su mandato en 2012 los «cimientos» institucionales en materia de seguridad y justicia que permitan un combate efectivo contra el crimen organizado en su país, explicó a Efe Alejandro Poiré, vocero gubernamental de seguridad.
El también secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional dijo que «se han dado los pasos durante estos cuatro años de confrontación de las organizaciones criminales (…) que permiten justamente dar este segundo paso, que ya está en camino, de reconstrucción institucional».
Poiré recordó que durante décadas en México las autoridades no hicieron «la inversión política, financiera, social, de construir instituciones de seguridad y de justicia», algo en lo que actualmente se trabaja de manera intensa.
«El cambio que se está dando durante estos años y que se va a seguir durante los siguientes dos de la administración del presidente Calderón (2006-2012) indudablemente que van a resultar en la base sobre la cual vamos a poder construir resultados valiosos de corto plazo y permanentes, de largo plazo», sostuvo Poiré.
Según el vocero, en estos momentos ya hay unos logros significativos como el fortalecimiento de la Policía Federal, la reforma al sistema de justicia penal y la modernización «de las atribuciones de las fiscalías a nivel federal».
«También creo que va a haber resultados muy importantes en términos de la reconstrucción de modelos policiales a nivel estatal, pero ahí es absolutamente indispensable la corresponsabilidad del orden local (con los 32 estados del país) en el entendido de que vivimos en una República federal», añadió.
También se progresó en el debilitamiento de las estructuras financieras, de control, de operación, de acceso a fuentes de financiamiento y de armas del crimen organizado, indicó.
A futuro se dijo convencido de que la administración de Calderón dejará «los cimientos y elementos muy potentes de ese cambio institucional en seguridad y justicia».
Poiré admitió que actualmente en algunas zonas de México se mantienen «niveles inadmisibles» en delitos como homicidios, secuestros y robos, «los que más le preocupan a la sociedad».
