Colima.- El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, Bernardo Salazar Santana, consideró preocupante la postura del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respecto a la decisión del juez que concedió la suspensión provisional de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, toda vez que ejerce presión desde su investidura y lo hace a través de canales no adecuados al llevarlo al terreno mediático.
En entrevista con AFmedios, Salazar Santana afirmó que lo peligroso es querer influir en una situación que debe resolverse con base en normas jurídicas y constitucionales, para que ese juez se vea presionado a tomar una decisión de acuerdo a los intereses de alguien, lo que significaría vulnerar la independencia y la autonomía del Poder Judicial.
“El problema es que lo hace como representante de un Poder. Pareciera que está queriendo presionar y dirigir la opinión pública para denostar la función del juez, pretendiendo atentar contra la autonomía y la independencia de una función tan delicada como la judicatura”.
El magistrado del Poder Judicial en Colima explicó que un juez ejerce una postura soberana de estado, toda vez que al tomar una decisión lo hace en representación del estado y en estricto apego a derecho y a las normas constitucionales, con una repercusión en la vida personal, familiar, social o en el funcionamiento de las instituciones, por ello su poder de decisión está ajustado a la normatividad constitucional y legal.
Indicó que como autoridad el Ejecutivo tendría que acudir y someterse a la jurisdicción de ese juez, presentar las pruebas y esperar la resolución defendiendo el acto de autoridad, si se considera constitucional, se apega a la norma y no hay nada incorrecto en él.
“De lo contrario, si como autoridad comienzo a atacarlo, a denostarlo y pedir que lo investiguen porque está coludido con otros intereses, y lo hago desde una tribuna en la que ejerzo un poder muy grande como representante de las instituciones del país, lograré que se entienda como un acto de agresión y pretensión de vulnerar la autonomía de otra autoridad que está ejerciendo una función de estado y un ejercicio de soberanía”.
Bernardo Salazar reconoció que en cierta parte se entiende el argumento del mandatario de la nación, al calificar de irregular la actuación del juez, debido a que si bien es correcto que a través de un amparo se declare la suspensión de un acto, éste no se suspende única y exclusivamente para el quejoso, sino que se le den efectos de generalidad hacia quienes se encuentren en la hipótesis de la norma, aun cuando no hayan solicitado el amparo.
“Es una apreciación del presidente que el juez actuó indebidamente, pero es una situación jurídica que se debe combatir a través del recurso correspondiente, con base a un análisis de viabilidad de esos efectos, ya que la ley de amparo sí permite en ciertos casos la generalidad en la suspensión”, concluyó.
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